El jueves de la semana pasada, tuve oportunidad de asistir a una reunión con la Unidad de Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), para recibir orientación sobre la revisión que ésta hace del cumplimiento de tope de campaña asignado a las candidaturas. Comprendí como dicha medida impulsa a las y los contendientes a “hacer política” (entendida aquí como acuerdos generados entre ellos).
La Unidad Técnica recibió en sus oficinas para resolver dudas sobre el límite de gastos permitido durante la campaña electoral. Son montos que, además de generar frustración para el electorado, confunde mucho a los candidatos.
Se trata de una cifra que se define de acuerdo con el cargo por el que se compite. Por ejemplo, quienes buscan la presidencia tienen como cuota máxima 660 millones 978 mil 723 pesos mexicanos; las diputaciones federales 2 millones 203 mil 262; en tanto que la de las fórmulas del Senado cambia por estado – se asigna dependiendo de la cantidad de distritos federales que comprenden, de modo que el más alto es el de 44 millones 65 mil 248 pesos para la CDMX, Estado de México y Jalisco; mientras que el más bajo es de 4 millones 406 mil 525 pesos para Baja California Sur, Campeche y Colima –.
Contrario a lo que se piensa, dichos totales toman en cuenta no solo el gasto específico que se hace, sino que suma también beneficios y multas. Me explico: el tope incluye el pago de productos publicitarios como espectaculares, flyers, bardas, eventos y demás; así como multas por fallos en reportes de agenda y cantidades porcentuales definidas por una partida.
Este último, el cálculo del beneficio es el que más desconcierta y el que impulsa a hacer política. Aunque, al igual que los ciudadanos, las personas aspirantes pueden revisar su cálculo fiscal en tiempo real en el portal del INE, quedan con duda, pues el encargado de reportar su gasto y hacer el prorrateo (el cálculo porcentual del beneficio) es el “Órgano de Administración y Finanzas” de la coalición o el partido que les postula y, muchas veces, les resulta lejano.
Sin importar quién haya hecho el pago, si otro candidato o candidata tiene provecho de esa acción, entra al prorrateo. Ser mencionado o tener propaganda en un evento ajeno; aparecer en una publicación en redes sociales con pauta; estar incluido en una mención como “vota por las candidatas y candidatos de X partido” en un spot publicitario y demás, provoca su entrada en el reparto del costo.
El porcentaje que se destina a cada candidatura depende de cuáles otras fueron favorecidas. De ahí que el evitar rebasar el tope de gastos máximo, incite a que quienes contienden por un cargo de elección popular, inviten y hagan parte a la mayor cantidad de “compañeros” a sus eventos, recorridos, publicaciones, entre otros. Fomenta que “hagan política”.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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