Faltan 58 días para la Jornada Electoral y la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún está incompleta. El próximo 30 de abril terminará el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión y, si hubiera voluntad política, el Senado de la República podría hacer los dos nombramientos que faltan para que el Tribunal esté en las mejores condiciones de atender los recursos que ya se están presentando y que seguramente se presentarán a partir del 2 de junio.
De no hacerlo, además de que se estaría faltando a una obligación legal del Senado, se dificultaría deliberadamente el adecuado y oportuno desahogo de los asuntos que dan certeza y definitividad a la elección. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo su trabajo y hace tiempo que envió al Senado las ternas para nombrar a las dos magistraturas vacantes. Todo está en querer hacer las cosas bien.
Mientras tanto, el Tribunal ha tomado decisiones importantes como declarar ilegal la intromisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la elección, o confirmar el acuerdo del INE, que ordena eliminar audios, materiales audiovisuales y/o versiones estenográficas de las conferencias de prensa en las que el Presidente de la República vulnera los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad a que está obligado.
Con todo, prevalecen decisiones divididas en la Sala Superior sobre temas como, por ejemplo, la condonación de algunas multas aplicadas a Morena, o el caso de rechazar que Samuel García, gobernador de Nuevo León, hubiera realizado actos anticipados de campaña, como lo había establecido la sala Regional Especializada. En este tipo de casos, la Magistrada Presidenta, Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes han mantenido sus diferencias con las magistraturas de Janine Otálora y Reyes Rodríguez.
Completar la integración de la Sala Superior del Tribunal daría mayor consistencia y solidez a las argumentaciones que sostienen las sentencias y resoluciones de las magistraturas, especialmente durante el proceso electoral. Buena parte de la credibilidad y transparencia de la elección es responsabilidad del INE, pero la autoridad jurisdiccional es una pieza clave en el buen arbitraje de la elección, por lo que conviene dar seguimiento a sus acciones y a la consistencia de los criterios que se aplican en cada sesión del Tribunal.
En todo caso, conviene recordar que la ley otorga a la Sala Superior la responsabilidad de emitir la validez de la elección presidencial, y para ese acto se requiere de la concurrencia de al menos seis magistraturas. En algún momento la ciudadanía deberá conocer el nombre de la sexta persona que se integrará al Tribunal y los criterios con los que se seleccionará, pues ella validará la elección, en caso de que el Senado no haga en este mes los nombramientos faltantes.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
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