El proceso electoral en desarrollo muy probablemente será el más violento de este siglo, a juzgar por el número de atentados contra precandidatos y candidatos de elección popular, la mayoría de los cuales buscaban puestos locales. Y esto ocurre cuando la campaña federal propiamente dicha lleva un mes y días de iniciada y las campañas locales apenas empezaron hace unos días.
Hasta el 2 de abril pasado, 15 aspirantes a puestos de elección habían sido asesinados, de acuerdo con cifras oficiales detallados en la conferencia presidencial de prensa (mañanera) por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Dos de ellos eran candidatos ya registrados ante los organismos electorales, cinco eran precandidatos con registro ante sus partidos políticos, aunque no estuvieran registrados en los organismos electorales, y ocho eran aspirantes que aún no contaban con registro partidario, pero habían sido mencionados como aspirantes.
Esa trágica situación es explicable por el elevado número de elecciones locales concurrentes con las federales, en lo que se conoce como la elección más grande en la historia de México, con más de 20 mil puestos sujetos a renovación y más de 70 mil candidatos a tales cargos.
Es sabido que el interés del crimen organizado, muy probable autor de la mayoría de los atentados, se centra en los puestos municipales de elección popular y de dirección ejecutiva. Es en los ayuntamientos donde a los delincuentes más les importa tener influencia, en particular en los ámbitos policiales y de obra pública. Y nunca antes, al menos desde los noventas, se había celebrado un número tan alto de procesos municipales en las mismas fechas, como los que se desarrollan este año.
En una parte de la sociedad los atentados se consideran fallas de la política de seguridad del gobierno federal, pero la responsabilidad de proteger a candidatos locales es esencialmente de los gobiernos estatales y municipales, independientemente del signo partidario e ideológico de gobernantes y aspirantes.
Y aquí llegamos al punto más vulnerable en materia de seguridad pública: los cuerpos policiales de los estados y municipios del país, frecuentemente inmersos en la penuria en materia de salarios y equipamiento y carentes de capacitación suficiente. Además, a veces, son colonizados por la delincuencia organizada y comandados por cómplices de ésta.
Este no es asunto menor, sino crucial, en la lucha contra la delincuencia. Mientras no existan corporaciones policiales confiables en los estados, México seguirá siendo habitado por la impunidad, que resulta el mayor incentivo para delinquir.
Si a eso se suman la ineficacia y corrupción de la mayoría de las fiscalías estatales -ineficacia a la que no es ajena la Fiscalía General de la República- y la venalidad de muchos jueces -no todos- del fuero común y federales, tenemos un panorama desastroso para la procuración y administración de justicia en el país.
Plus Online: Morena, partido más afectado
El asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a presidenta municipal en Celaya, Guanajuato, ha estremecido al país, sobre todo porque solicitó oportunamente protección a las autoridades locales, pero no la recibió.
La mezquindad de nuestros políticos afloró de inmediato y el intercambio de culpas se hizo presente. Está claro que la seguridad de los postulados a ayuntamientos y congresos estatales compete al gobierno estatal y al municipal, y la de los aspirantes a cargos federales y a gubernaturas corresponde al gobierno federal.
Y está claro también que las autoridades guanajuatenses fallaron por causas burocráticas, pero a esa circunstancia no debería seguir el ataque político sino la concertación de capacidades para evitar repeticiones.
Una regla aconsejable sería que las autoridades concedan de inmediato medidas de seguridad, así sean provisionales, a cualquier candidato que lo solicite por haber recibido amenazas o sentirse amenazado. Pero si se denegara por cualquier motivo, los partidos no deberían dejar desprotegidos a quienes postulan.
La candidata asesinada militaba en Morena, partido al que también pertenece la mayoría de los políticos asesinados en el actual proceso electoral, pero en una democracia las agresiones de ese tipo deberían preocupar a todos por su ocurrencia y no por pertenencia partidaria.
Dicho de otro modo: la memoria de los caídos y el dolor de sus familiares y amigos deberían incentivar el acuerdo para la protección y no la descalificación infértil.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
MAAZ