Los hechos violentos registrados el 28 de marzo en Taxco, Guerrero, en los que resultaron linchadas tres personas relacionadas con el “secuestro” y asesinato de la niña Camila “N” sin que nadie lo evitara, retratan de cuerpo entero la omisión en que incurrieron los tres niveles de gobierno. Algo cada vez más común en la entidad guerrerense, donde al igual que en Guanajuato, la gobernadora gobierna pero no manda.
Cuando un gobernante no es capaz de atender un caso de secuestro en flagrancia pese a tener las atribuciones y obligación de hacerlo y tampoco evita que una turba haga justicia por propia mano y termine asesinando a la presunta responsable de dicho delito, a eso se le llama “estado fallido” y no se limita a un nivel de gobierno en particular, sino al Estado nación en su conjunto, por más que se le quiera minimizar.
Por si eso no fuera suficiente, transcurridos 4 días el presidente de la República, que en los hechos es jefe de Estado y de gobierno, salió a condenar y lamentar los hechos cuando su responsabilidad era resolverlos con todo el poder que le da su investidura y teniendo a su disposición todas las dependencias de seguridad nacional, seguridad pública y de paso las de procuración de justicia, más allá de la supuesta autonomía de estas últimas.
En esa tesitura, si nos atenemos a lo que dicta la norma, estaríamos frente a un cúmulo de hechos que la ley señala como delitos y los probables responsables deberían pisar la cárcel, siendo el principal delito el de omisión, para ser más precisos comisión por omisión (cuya pena es la misma que la del autor material), ese del que este gobierno ha venido acusando a sus enemigos políticos por el solo hecho de haber formado parte de la administración de su villano favorito Felipe Calderón.
Que diferente se ven las cosas ahora que los omisos son los que tienen bajo su responsabilidad la seguridad pública municipal de Taxco, estatal de Guerrero y federal del país, así como la procuración de justicia estatal y federal que conociendo del riesgo, de que los presuntos responsables de un delito fueran linchados y eventualmente privados de la vida, no lo evitaron.
Por si ya se les había olvidado les recuerdo que a principios de 2022 al autor de esta columna fue acusado y encarcelado por un supuesto delito de comisión por omisión, por presuntamente haber dejado entrar armas de fuego clandestinamente al país pertenecientes al fallido operativo “Rápido y Furioso”, ilicito que jamás se logró configurar y mucho menos probar, es decir que solo existió en su torcida imaginación, pero lo repitieron tanto hasta que la gente lo dio por verdadero, incluso todavía en la entrevista ofrecida al programa “60 minutos”, el titular del ejecutivo federal lo sacó a relucir como algo real, cuando ese delito jamás existió, es decir que fue fabricado.
A esto coloquialmente se le conoce como fabricar un chaleco a la medida y es muy común en nuestros días, aquí y en mi Puebla natal.
Pero que creen, en el caso del secuestro de la menor y posterior linchamiento y asesinato de la presunta secuestradora en Taxco sí hay elementos que configuran el delito de comisión por omisión y a diferencia de “Rápido y Furioso”, aquí los mandos superiores de las secretarías de seguridad pública municipal, estatal y federal, así como las áreas de gobierno y procuración de justicia a nivel estatal y federal sí sabían del riesgo de que los presuntos responsables fueran linchados por la turba y no lo evitaron como marca la ley.
Cómo no recordar los hechos de Tláhuac de aquel 24 de noviembre de en 2004 cuando al actual presidente de la República, que fungía como jefe de gobierno del Distrito Federal y al hoy ex canciller Marcelo Ebrard (entonces SSP y por lo cual fue destituido por el presidente Vicente Fox) les lincharon a otros tres elementos de la extinta Policía Federal Preventiva sin que hicieran algo para evitarlo.
Mención aparte merece la víctima de secuestro y sus familiares en Taxco, a los cuales las mismas dependencias les negaron el acceso a la justicia ya que no fueron atendidos en tiempo y forma, y eso contribuyó en que el desenlace fuera lo que muchos mexicanos y sus familias vieron a través de los medios casi en tiempo real.
Queda pendiente que los más altos mandos en el organigrama de las citadas dependencias asuman su responsabilidad y que el Ministerio Público se haga llegar de pruebas y evidencias de que cometieron el delito de comisión por omisión; si no lo hacen quedará confirmado lo dicho por Benito Juárez: “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.
Por lo pronto el que ya renunció es el SSP municipal de Taxco, pero no es el único omiso y si a esas vamos las cárceles podrían llenarse de omisos sólo por éste hecho. Como muestra basta un botón, el comisionado del INM no solo no pisó la cárcel por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez sino que continúa en su puesto de trabajo y cobrando, sin despeinarse y haciendo eventos cerca de su casa en Monte Sur, al sur de la ciudad y al amparo del poder.
Ya lo dijo la aún gobernadora de Guerrero y lo ratificó el presidente de la República en un claro respaldo a su administración, en el caso de Taxco no habrá impunidad, lo veremos y opinaremos.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ