Uno de los peores males de la vida pública de nuestro país es la corrupción. No obstante que contamos con enormes fortalezas y ventajas para salir adelante y poder ser una potencia, en México se socavan dichas potencialidades al no poder prevenir ni combatir de manera eficaz y oportuna el grave problema de la corrupción.
Las consecuencias de una vida pública, en los tres niveles de gobierno, carente de mecanismos de integridad no sólo es la pérdida de enormes recursos que se desvían hacia finalidades ilegales o el hecho de que se pierda calidad en la prestación de servicios y satisfactores provenientes del gobierno. La corrupción colapsa las capacidades del estado para responder a los gobernados, especialmente a los más necesitados. Lo anterior siembra desconfianza entre los ciudadanos y el poder público, fracturando el entorno de la vida pública.
La falta de integridad desmoraliza a la población, genera pérdidas multimillonarias, limita las posibilidades del propio estado como generador de bienes públicos. Más aún, por encima de todo esto, la corrupción mata. En efecto, como hemos atestiguado en nuestro país en los últimos años, miles de muertes se derivan de manera directa e indirecta del enquistamiento de estructuras corruptas y opacas.
En años recientes hemos atestiguado diversos episodios que han dejado una estela de muerte y destrucción.
Con motivo del temblor del 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Rébsamen, en la alcaldía de Tlalpan, fallecieron 19 niños y 7 adultos, cuyo deceso era evidentemente evitable. Lejos de esclarecerse los hechos derivados de graves irregularidades en la construcción del colegio, bajo la administración de la entonces alcaldesa, Claudia Sheinbaum, ésta reclutó al abogado de las familias dolientes convirtiéndolo en contralor de la Ciudad de México.
Ciertamente dicho episodio no era el primero en que se vinculaba a Sheinbaum con episodios de corrupción. Otro hecho no esclarecido de manera cabal fue el de los videoescándalos en los que apareció su ex cónyuge, Carlos Imaz, recibiendo grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de Carlos Ahumada.
Por cierto que respecto de las extorsiones a dicho empresario, la Jefa de Gobierno Sheinbaum canceló las posibilidades de aclarar los hechos, como era su deber, al declinar la extradición del empresario argentino, no obstante que las autoridades de aquel país resolvieron como favorable la posibilidad de entregarlo a México.
Otro acto en que se hizo evidente la relación causal entre corrupción y muerte fue, en el derrumbe de la línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021. Como todos recordamos, dicho colapso costó la vida a 27 personas. De nueva cuenta, la entonces Jefa de Gobierno desplegó toda su fuerza política para inhibir la investigación, al grado que la ex directora del Metro, Florencia Serranía, ni siquiera se tomó la molestia de declarar ante las autoridades.
Quizá en el ámbito en que se han dado la mayor cantidad de decesos y padecimientos por parte de la población sea en el tema de los desvíos de recursos originalmente destinados salud y desviados por la denominada 4T. Como sabemos este “gobierno” no solo desapareció el Seguro Popular como mecanismos de atención a enfermedades catastróficas, sino que creó un desastroso mecanismo llamado INSABI que terminó por desaparecer. Hasta el momento no existe un dato sobre el costo financiero de dicha ocurrencia y el paradero de miles de millones de pesos que fueron “reintegrados” a la Tesorería de la Federación.
La muerte de 40 migrantes por el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez es otro doloroso caso, que no sólo no ha sido esclarecido sino que adicionalmente ha sido ocasión de una demostración de encubrimiento e impunidad: el director de Migración, amigo del Presidente, sigue en libertad y ejerciendo el puesto sin mayor sobresalto.
El más reciente episodio de corrupción que ha conllevado destrucción y riesgos para la vida de las personas es el cúmulo de irregularidades que se han documentado a propósito de la construcción del Tren Maya. En la famosa megaobra del presidente López Obrador tal parece que se han esmerado en acreditar la práctica todas las conductas consideradas como delitos en el Código Penal: desde cohecho hasta tráfico de influencias, abuso de autoridad, delitos ambientales, ejercicio ilícito del servicio público.
Como resultado, a tan solo tres meses de la puesta en marcha del Tren, este ya sufrió su primer descarrilamiento ¡a la velocidad de diez kilómetros por hora! Afortunadamente nadie perdió la vida, pero el incidente nos previene tanto de la calidad de los materiales como de la ejecución de la obra, en la que intervinieron los amigos de los hijos del Presidente y de los riesgos que han de afrontar los usuarios.
El espacio de esta colaboración no alcanzaría para referirnos, así sea de manera somera a todos los escándalos de corrupción y destrucción de esta gestión cuyo término se avista en el horizonte.
Los mexicanos estamos llamados a ejercer nuestro voto el próximo 2 de junio de manera crítica e informada. Optemos por dar los pasos decisivos para que todos estos casos y otros a los que nos hemos referido en previas entregas, puedan ser llevados a la justicia y que nunca se vuelvan a repetir.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
@JORGEROHE
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