El Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas, motivó su levantamiento armado como grupo guerrillero en virtud de la matanza del 18 de mayo de 1987 en Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, donde murieron 5 personas y 27 resultaron heridos de gravedad, a partir de ahí, la lucha armada fue el principal motivo e incluso llevó al secuestro del Senador y candidato a la gubernatura Rubén Figueroa Figueroa; se cree que las reminiscencias del PP crearon al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), con alcances hasta el estado de Oaxaca, apareciendo por primera vez en un aniversario de otra matanza en contra de los campesinos de Aguas Blancas, instruida por el entonces Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo del referido secuestrado en líneas anteriores.
Estos grupos guerrilleros, que en su momento se aliaron con el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), tenían la intención de defender la lucha de clases, en su momento propusieron la nacionalización de los medios de comunicación y de la banca; estos grupos se denominaron autodefensas armadas y tienen en su haber diversas ofensivas en contra de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, y algunas instalaciones estratégicas como PEMEX.
Si bien es cierto que su presencia política prácticamente está extinta, han criticado a todos los gobiernos que desde la Federación han administrado a nuestro país. Se les ha involucrado con algunas guerrillas sudamericanas como Sendero Luminoso. Su participación ha sido meramente mediática con un activismo muy debilitado.
Cuando existen ingredientes fértiles para los levantamientos armados, así como motivaciones económicas, políticas y sociales, y patrocinio, su mantenimiento se convierte en un dique de contención social, sin duda ilícito, pero que evita conflictos orgánicos fuera de control que crean focos de ingobernabilidad y desestabilización política.
La creación de las autodefensas en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y otros estados de la República en el sexenio del panista Felipe Calderón, ante la ausencia absoluta del Estado Mexicano, que si bien es cierto han estado alejadas a la lucha política, sí consideraron su aparición por la evidente complicidad de las fuerzas del orden encargadas de la Seguridad Pública con distintos grupos del crimen organizado.
Durante 2 sexenios trabajaron incluso como coadyuvantes de la extinta Policía Federal que los utilizó como informantes para enfrentar selectivamente a los grupos que consideraron rivales. Ese mismo gobierno panista y el siguiente priísta los persiguió, aliándose con los delincuentes y dejando a su suerte a quienes defendieron a sus amigos, familiares y comunidades, al borde de estar entre la espada y la pared. Una descomposición institucional plena.
La historia de los linchamientos en nuestro país tiene una ruta muy similar en cuanto a la descomposición institucional donde la percepción social, la frustración, el odio y la incapacidad institucional, crean una mezcla terrible; autoridades municipales rebasadas, fiscalías sin liderazgos expertos que inspiren confianza profesional, y operadores procesales sin garantía de actuación, poco capacitados, mal remunerados y temerosos de hacer cumplir su obligación institucional, un cóctel de fatalidades que lo único que garantiza es desgaste político donde nadie quiere hacerse una prueba de paternidad, y donde la realidad es que es el resultado de décadas de desgobierno que hoy se cosecha y explota en las manos, un campo minado que se tiene que evidenciar y por supuesto frenar a través de un rediseño institucional urgente desde ceros.
Que la muy lamentable y dolorosa muerte de Camila en Taxco, sea la memoria viva de la urgente necesidad de la no repetición, la reparación del daño y del fomento de cultura de la Paz a través de la justicia transicional, la regeneración de los conceptos de justicia más que en lo institucional, en lo económico y fundamentalmente lo social.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
MAAZ