Las encuestas, y sobre todo si son de carácter electoral, no solo reflejan la opinión pública sino que también la moldean. La utilización de encuestas para definir estrategias electorales y para informar a la opinión pública del sentimiento ciudadano se ha convertido en un arma política que afecta el proceso democrático. Esta realidad es, por cierto, un fenómeno mundial creciente; así como lo es la influencia de las encuestas en en el comportamiento electoral de la ciudadanía. Cada vez que hay proceso electoral en México, es claro que, las encuestas adquieren mayor relevancia.
Típicamente una encuesta electoral es un estudio mediante el cual se levanta información y se analiza las respuestas de una muestra del electorado para predecir como votaran en las elecciones. Pueden utilizarse diferentes metodologías de levantamiento domiciliarias, telefónicas y actualmente utilizando plataformas de internet pero el objetivo es el mismo: tener una fotografía de la intención del voto de los ciudadanos.
Antes las encuestas eran un asunto de técnicos, de jefes y estrategas de campañas, de información para que los candidatos definieran el rumbo de sus propias campañas; hoy, parecen ser más un asunto de marketing y publicidad. Básicamente se usaban para analizar datos y comportamientos electorales; para definir estrategias territoriales; para destinar recursos y para definir mensajes de acuerdo al sentimiento local. Se identificaban votantes, por ejemplo, los famosos “switchers” o voto cambiantes y así se definían rutas, agendas y hasta discursos de los candidatos. Ese tipo de estrategias hacía a las campañas muy dinámicas. Las encuestas guiaban los ajustes de la estrategia siempre buscando los mejores resultados electorales. En pocas palabras, servían positivamente para definir el voto estratégico y para ajustar el mensaje de las y los candidatos.
La perversión empezó cuando los medios masivos de comunicación principalmente las principales cadenas televisivas y los principales periódicos empezaron a difundir encuestas, no solo con propósitos informativos sino también de propaganda política. Candidatos buscando influir en la opinión pública se acercaban a los medios para que sirvieran como amplificadores de resultados de encuestas que les ayudaban a su estrategia. Insisto, el propósito original de los medios de comunicación masiva era legítimo pero desafortunadamente se fue distorsionando y se convirtió en un negocio.
Después ya en la época de las redes y el internet donde la TV y la Radio quedaron rebasadas, la frecuencia y el predominio de las redes sociales distorsionaron todavía más las encuestas electorales básicamente porque se reproducen muchas que son “fake”. Así como las “fake news” hoy predominan en el internet encuestas que no tiene respaldo metodológico y, por lo tanto, son solo publicidad barata con el propósito de desorientar a la opinión pública. Actualmente muchas de las encuestas, no todas, son un arma para modificar el comportamiento electoral de los ciudadanos.
Si las encuestas se usan de manera positiva pueden ayudar a incrementar el momento de un candidato o candidata y alterar la dinámica competitiva en una elección. Por otro lado, pueden tener un efecto desmoralizador que lleve al abstencionismo. Otro de los efectos negativos que pueden es que motiva al voto útil, “no voto por el candidato de mi preferencia sino por uno que sea mas viable”; “no voto por el que quiero sino por el que le puede ganar la que no quiero”. El problema real es que afecta la representatividad de todos los segmentos de la población en el Congreso y se termina polarizando no solo las elecciones en turno sino a la sociedad entera.
Uno más de los efectos negativos de la incorrecta utilización de las encuestas es que reducen la elección a quien gana o quién pierde, en lugar de abrir la discusión sobre temas sustantivos de política pública, no da lugar a debates sobre el futuro de nuestra país. El uso excesivo lleva al elector solo a pensar en quien puede y quien no puede ganar, y no quien debe ganar, quien le conviene más a nuestro país. Al final, algo que debía propiciar mayor participación lleva a la fatiga y al escepticismo ciudadano y, por lo tanto, afecta al sistema en su conjunto.
Ante la ola de encuestas en este proceso electoral , el verdadero problema es la exactitud y la confianza, cada vez las encuestadoras fallan más. Muchos creen que no está legislado el tema de las encuestas, pero lo cierto es que sin ser exhaustiva nuestra ley, si está, desde mi punto de vista correctamente legislado.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dedica su Capítulo III a reglamentar las Encuestas y Sondeos de Opinión. El artículo 213 numeral 1 establece que el Consejo General del INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión de los procesos electorales federales y locales. Agrega que: “los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios.”
En el mismo artículo se prevé un periodo de veda para publicar encuestas; se legisla sobre los informes que tienen que presentar las encuestadoras sobre los recursos aplicados en sus estudios; y se obliga a hacer públicos su metodología, costos, responsables y publicarlas mediante sus páginas de internet.
En otro artículo, el 251 de la LGIPE en su numeral 5 obliga a los partidos y/o a los candidatos que publiquen encuestas o sondeos de opinión a entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del INE. Advierte de los delitos en que se pueden incurrir y la obligación de apegarse a criterios generales de carácter científico que para tal efecto emita el INE, e incluye la consulta de profesionales del ramo o las organizaciones que se agrupen.
Es decir, si hay disposiciones legales para que no haya encuestas y encuestadoras “patito”. Otra vez, el problema es de aplicación de la ley. Alguien no está haciendo su tarea permitiendo toda esta ola de encuestas que además de no tener sentido afectan de manera integral al sistema electoral mexicano. Y la autoridad que no está aplicando la ley tiene nombre y apellido: Instituto Nacional Electoral y los respectivos Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas.
En el futuro, el rol de las encuestas debe ser críticamente analizado por los legisladores, las autoridades electorales, los medios de comunicación y las propias empresas encuestadoras para que contribuyan al proceso democrático de manera positiva y no al revés siendo un instrumento de publicidad engañosa. Los encuestadores deben comprometerse a incorporar más sofisticadas técnicas y mejorar su muestra estadística, deben expandir sus fuentes más allá del levantamiento tradicional incluyendo plataformas online y analizando el famoso big data. Es su obligación y de nadie más la exactitud de sus estudios demoscópicos. Que su futuro en la industria lo determine sus buenos resultados, su exactitud.
Pero sobre todo es responsabilidad de partidos, de coaliciones, de candidatos, dejar de usar las encuestas para confundir, inhibir o influir en el ánimo de los votantes. Para eso no son las encuestas, debe haber “fair play” entre competidores en materia de encuestas. De no ser así, deben ser sancionados por las autoridades electorales administrativas y judiciales. Pero lo que urge actualmente es cambiar la indolente actitud del INE y de los OPLES ante la proliferación de encuestas falsas que de manera dolosa buscan influir en el ánimo del elector. No pueden seguir señoras y señores Consejeros Electorales estar como “el Chinito…no mas milando”. Para eso no les pagamos.
POR HUGO ERIC FLORES
PRESIDENTE DEL PES MORELOS
@HugoEricFlores
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