Hace unas semanas, el centro de investigación sobre democracia Varieties of Democracy publicó su Informe 2024. De acuerdo con algunos de sus hallazgos, en la actualidad el habitante promedio del mundo disfruta de niveles de desarrollo democrático similares a los de 1985. Hoy, 5.7 miles de millones de personas viven en autocracias, lo que representa un incremento de 48% respecto de lo registrado hace apenas diez años.
Las cifras son coincidentes con las de otros estudios académicos y muestran preocupantes tendencias de deterioro en todo el mundo. Esto nos obliga a pensar en los riesgos que están viviendo las democracias en todo el planeta.
Amenazas como la violencia política, el despliegue deliberado de desinformación y el financiamiento ilícito pueden afectar en forma importante la integridad de los comicios y, por ende, la confianza de la ciudadanía en la democracia. Este último elemento es clave para que los procesos de renovación del poder político sigan teniendo como premisa fundamental el voto ciudadano.
En este artículo quisiera centrar la atención en la violencia político electoral. Estudios recientes de Data Cívica muestran que en México en el transcurso de diez años se ha triplicado el uso de la violencia contra actores políticos. Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar.
La ocurrencia de episodios de violencia política, o bien la percepción de que ésta puede suceder, pueden generar afectaciones a la integridad de las elecciones. En Latinoamérica están documentados casos en los que el crimen atenta contra la vida de alguna candidatura, o bien intenta su captura. Otros efectos más difíciles de medir, pero igualmente demostrados por los estudios cuantitativos, demuestran que la violencia complica la selección de funcionarios de casilla y afecta negativamente la participación ciudadana. “Votar entre Balas” documentó cómo después de que tres actores políticos fueran víctimas de asesinato en Apaseo el Grande, Guanajuato, la participación electoral pasó de 50% a 39%.
La violencia y la democracia mantienen una íntima relación. Si permitimos que la inseguridad permee en los procesos electorales, le quitamos su esencia a la democracia: el poder elegir libremente a nuestros representantes. La participación política sólo es posible cuando el aparato estatal mantiene las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos fundamentales, incluidos los político-electorales.
En ese contexto, las autoridades del Estado de México nos hemos adelantado al inicio de las campañas para generar instrumentos que permitan prevenir la violencia. Se tienen protocolos para la custodia de materiales y documentación electoral.
Además, el Gobierno del Estado de México actualiza periódicamente mapas de riesgo que permiten focalizar las estrategias de protección.
A partir de un protocolo de protección a candidaturas que delimita las funciones del Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Instituto Electoral del Estado de México, se diseñó un convenio que permitirá que las solicitudes que formulen las candidaturas o partidos se turnen en forma expedita. De hecho, antes del inicio de las campañas ya se atendieron requerimientos de precandidaturas que percibían que su integridad estaba en riesgo.
La administración electoral requiere un enfoque de riesgos que reduzcan la probabilidad y consecuencias de las distintas amenazas. En el IEEM no dudaremos en utilizar los recursos a nuestro alcance para garantizar a la ciudadanía un voto libre y seguro.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)
EEZ