Después del debate entre los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que sucedió el pasado domingo por la noche, la conversación pública ha retomado uno de los temas más importantes de la agenda nacional: el agua.
Este recurso natural, cada vez más escaso por los problemas ambientales derivados de la actividad económica desmedida que el ser humano lleva en el planeta Tierra, ha estado en el centro de muchos debates, con mucha razón.
Recientemente, una crisis de agua en una colonia del sector medio de la capital de México puso de nuevo el foco sobre la escasez de agua, pero la capital del país no es la entidad federativa que más problemas tiene, a pesar de que sí tiene algunos.
En estados como Zacatecas, al cual represento en el Senado de la República, la escasez de agua ha llegado al grado de sequía, poniendo en peligro no solamente la actividad económica agrícola y ganadera, sino la misma existencia del ser humano.
Definitivamente se requieren cambios culturales, pero también legislativos.
El acceso y la distribución del agua en México está regulada por una Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Esta ley, como todas las creadas o reformadas durante el periodo neoliberal, permite y privilegia el acceso privado al agua antes que el interés humano y ciudadano de las mayorías.
Otras privatizaciones pueden ser graves, pero ninguna tanto como la del elemento que es principal sustento de la vida humana, precisamente este líquido.
Junto con otras personas legisladoras, y, sobre todo, movimientos sociales y colectivos de defensa de los derechos campesinos, indígenas y ciudadanos en general, mi representación en el Senado ha insistido en la necesidad de crear una nueva Ley de Aguas Nacionales.
Esta debe contemplar al recurso hídrico como un derecho humano y de la ciudadanía en general.
La prioridad debe estar siempre en el consumo de agua para el mantenimiento de la vida humana, y sólo posterior a esta prioridad darse concesión o permiso de uso para actividades económicas y de la gran industria.
El cambio climático es una de las muchas problemáticas causadas por el modelo económico neoliberal que
privilegia la reproducción del capital por encima de la reproducción y el sostenimiento de la vida y de la dignidad humana.
La Cuarta Transformación tiene la obligación de garantizar el acceso humano al agua y de combatir al cambio climático desde la creación de nuevas leyes, la implementación de políticas públicas sustentables y el empuje de una nueva cultura donde el ser humano conviva en armonía con la naturaleza.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@NARROJOSE
MAAZ