Acción Nacional desde su origen, tanto en sus principios y estatutos, como en su trayectoria legislativa y de gobierno ha sido un férreo defensor de las libertades y los derechos de las personas. Nos hemos pronunciado firmemente en defender los bienes y el patrimonio de las familias mexicanas que con mucho esfuerzo han logrado a lo largo de su vida.
En días recientes, hemos dado la batalla para oponernos al atropello del gobierno federal por confiscar los ahorros de las y los trabajadores que se encuentran en sus Afores para crear esa figura tan “satanizada” por ellos: un Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es un acto de confiscación flagrante que atenta contra los principios básicos de la propiedad privada y la dignidad humana.
A pesar de que la narrativa del presidente López Obrador y de la mayoría de Morena y aliados ha sido argumentar que ese fondo de pensiones será para incrementar las pensiones de millones de trabajadores. Las y los legisladores de Acción Nacional tenemos la certeza que no será así.
El fondo de pensiones es inconstitucional, no contiene un mecanismo eficiente de rentabilidad, además de presentar serios problemas en materia de sostenibilidad financiera, como de transparencia y rendición de cuentas.
Es una reforma inconstitucional porque vulnera los artículos 14 y 17 Constitucional al transferir recursos privados provenientes de las subcuentas de vivienda y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las personas pensionadas del IMSS a sus 70 años y del ISSSTE a los 75 años sin resolución judicial, lo que significa privarlos de sus posesiones y limitarles su derecho a acceder a un medio de defensa judicial cuando no estén de acuerdo.
Los beneficios de la reforma no aplicarían para todos aquellos trabajadores que se pensionen; solo aplica a aquellos que coticen desde julio de 1997 en el IMSS o desde abril de 2007 en el ISSSTE; que cumplan la edad y semanas cotizadas requeridas; y cuya pensión sea menor o igual al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS.
Y no aplicará a todos porque no hay certeza de las fuentes de financiamiento que integran el fondo, y porque las estimaciones realizadas por diversos organismos como el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas como el IMCO, CITIBANAMEX, entre otros, refieren que es insostenible financieramente para cumplir su cometido.
La reforma establece que el fondo contará con un Comité Técnico que deberá emitir reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos, y que el fondo informará sobre el rendimiento generado para que cada instituto de seguridad social (IMSS o ISSSTE) lo individualice y las Afores los reporten a cada trabajador o pensionado.
Sin embargo, no se define quien integrará el Comité Técnico, ni existe claridad en la metodología de las tasas de rendimiento y cómo se logrará mayores rendimientos de los que hoy se obtienen al ser administrados por las Afores y el Infonavit.
Por otra parte, se alude a que se creará una reserva financiera para garantizar el derecho imprescriptible de las y los trabajadores y sus beneficiarios a recibir el saldo acumulado en tales subcuentas cuando vayan a reclamar sus recursos. No obstante, falta claridad sobre el mecanismo de devolucio´n de dichos recursos, junto con los intereses generados.
La iniciativa de origen y el dictamen aprobado carecen de estudios técnicos que respalden la certeza operativa, técnica y financiera del fondo de pensiones. Además, de que no existen disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, como podría ser presentar informes trimestrales.
Pero lo más peligroso y preocupante es que los recursos privados de los trabajadores con este fondo, tengan otros fines como ha sido el sello de la administración del presidente Lopez Obrador. Durante los casi seis años que lleva su gestión hemos sido testigos de la opacidad, discrecionalidad y corrupción de múltiples recursos públicos, como resulta la extinción de fideicomisos, los programas sociales de transferencias monetarias, las mega obras y demás proyectos del gobierno federal.
No queremos que los recursos privados de las y los trabajadores se usen indebidamente. No tienen porque ser confiscados. El PAN y los partidos de la alianza acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir esta reforma y para evitar que las y los ciudadanos se vean afectados. Vamos a defender a México, vamos a defender la propiedad privada y vamos a defender los ahorros de los trabajadores.
POR JORGE ROMERO HERRERA
Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo
@JorgeRoHe
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