En esta coyuntura de probables cambios en los distintos órdenes de gobierno, hemos leído y escuchado un sinfín de propuestas, ideas, esquemas, planes de seguridad. Algunas de estas iniciativas se antojan novedosas y robustas; muchas otras presentan continuidad de acciones eficientes, o que se perciben eficientes, y; muchas otras son un refrito de acciones que, como Estado, hemos replicado una y otra vez sin los resultados que esperamos.
La realidad es que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo algunos matices como el creciente uso de tecnología e inteligencia artificial para delinquir. Al mismo tiempo, algunos de estos esquemas de trabajo sí parecieran novedosos y que puedan dar resultados favorables, aunque no en el tiempo que quisiéramos.
El problema en México no es la falta de ideas. Lo que está costando trabajo como país es la capacidad de operarlas. Además del recurso económico que se requiere, la pregunta es: ¿Con qué personal se van a implementar? No estoy insinuando que carecemos de personal técnico y profesional que trabaja arduamente cada día para desempeñar sus labores con excelencia. Lo que estoy señalando es que, como Estado mexicano, aún no hemos logrado establecer los incentivos adecuados que permitan alinear todos estos esfuerzos y alcanzar los objetivos que tanto anhelamos.
Quizás este sea nuestro principal problema en México. ¿Cuáles son los objetivos deseados de cada política pública establecida y propuesta? Es condición necesaria que cada esquema de trabajo incluya específicamente a dónde se quiere llegar. Con esto se puede construir el aparato necesario, seleccionar al personal requerido y supervisar/medir los resultados.
Es de vital importancia para México abordar y resolver las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Por lo tanto, propongo OCHO puntos enfocados en establecer los incentivos necesarios para ejecutar efectivamente los planes y proyectos que se implementarán en los meses por venir.
En primer lugar, es crucial tener una comprensión clara y definida de los objetivos, tal como se mencionó anteriormente. En segundo lugar, y de igual importancia, es fundamental colocar a las personas operativas en el centro de las estrategias. Este enfoque también implica ubicar en este centro a las víctimas, un aspecto que se abordará más adelante.
Las y los policías, guardias nacionales, militares, marinos, agentes de inteligencia, ministerios públicos, entre otros, componen las estructuras encargadas de hacer frente al crimen y de materializar las políticas públicas en seguridad.
Ellos deben ser las y los actores centrales de los esquemas de trabajo y, por ende, deben ser los más protegidos. Debemos mandar las señales correctas al personal en terreno y en gabinete de que el Estado mexicano los acompaña y procura en su actuar. Y que, en caso de cualquier incidente, la respuesta será contundente.
Por supuesto, es indispensable ofrecer una capacitación continua y de mayor calidad, así como garantizar salarios justos (debemos pagar por la policía que deseamos tener y construir una carrera policial efectiva), aspectos que se discuten en cada periodo electoral en todas las campañas.
POR RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS WOGAU
COLABORADOR
EEZ