AHORA QUE ESTÁ en curso la investigación del Consejo de la Judicatura Federal, que preside la ministra Norma Piña, contra presuntos actos de obstrucción de la justicia y corrupción del ex ministro Arturo Zaldívar, vale la pena revivir un hecho que consignamos en mayo de 2022.
Se relaciona con el expediente que desde entonces seguimos: el intento de Banobras de responsabilizar a Invex de un crédito que su entonces director, Alfredo del Mazo Maza, semanas antes de irse de candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, autorizó a un ex colaborador suyo, cuando gobernaba Huixquilucan.
Fueron cerca de 90 millones de dólares que dio a Rodisa, el cual puso como garantía un contrato de Pemex que nunca honró. Sus accionistas huyeron y del dinero no se volvió a saber nada. Entonces, se fueron contra el banco de Juan Guichard por tener el fideicomiso.
El caso involucra a Zaldívar y a la ex ministra y ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, que operaron para acreditarle a Invex una responsabilidad que no tenía. Políticamente terminó pagando los platos rotos.
El momento definitorio fue el 30 de mayo de 2022, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que ya tenía el proyecto a favor de Invex, ¡falló en su contra!
El banco de segundo piso que capitanea Jorge Mendoza Sánchez infructuosamente llevaba semanas presentando quejas contra los magistrados, mismas que no prosperaron.
La Corte, con todo y que la presidía Zaldívar, también había rechazado atraer el expediente, como lo buscó insistentemente Gerardo Ramírez Ornelas, el entonces abogado externo del banco del gobierno, al que se le encomendó el caso.
Ya se imaginará la presión de Banobras, pero también de la Secretaría de Hacienda para que Invex pagara, ya para entonces, unos 100 millones de dólares de un crédito del que solo fungió como fideicomiso de pago.
Incluso la dependencia al mando de Rogelio Ramírez de la O presentó una amicus curiae a la Corte dando la razón a Banobras por el daño patrimonial que este asunto significaba para el Estado.
El punto es que el Tercer Tribunal Colegiado modificó en solo tres semanas el sentido de su sentencia y ese 30 de mayo le dio palo a Invex, en una sesión que levantó sospechas por las conductas adoptadas por sus integrantes.
Para justificar el cambio del sentido de la sentencia, Sofía Verónica Ávalos, Víctor Mota Cienfuegos y, sobre todo, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, terminaron dándose golpes de pecho sobre la integridad con que se conducía ese caso.Cuentan que quien terminó interviniendo para sacar airoso a Banobras fue la ex secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, aprovechado que su hija era la magistrada del caso, con el apoyo del entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
A estas alturas, aunque ya hay una sentencia, no es contra Invex para devolver el recurso de Banobras, sino para regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de que Rodisa recibiera el préstamo.
HABLANDO DE OLGA Sánchez Cordero, la senadora morenista fue de las que votó la semana pasada reformar la Ley de Amparo, que va impedir a los jueces dictar suspensiones sobre normas aprobadas por el Congreso y obras del gobierno federal, aunque éstas vayan en contra de la Constitución, algo insólito para quien fue parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque quita un derecho a un ciudadano para protegerse de un acto de autoridad.
La reforma pretende amarrarle las manos a jueces como Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, que aparecen en la denuncia contra Zaldívar porque se opusieron a las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar las leyes de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica.
El juicio de amparo es el último recurso de defensa para la población y está en vías de desaparecer, si no con esta iniciativa que se termina de votar esta semana, con los cambios que se avecinan en la Segunda Sala de la Suprema Corte. Y es que el ministro Luis María Aguilar concluye su periodo en ocho meses.
Ahí se procesan los asuntos administrativos y laborales y sus fallos en la actualidad suelen no estar influenciados por la 4T, por la postura independiente de tres de sus cinco integrantes: los ministros Alberto Pérez Dayán, que la preside, Javier Laynez y precisamente el que se va, Luis María Aguilar. Si Claudia Sheinbaum gana la Presidencia mandará otro alfil del obradorato, con lo cual esa sala será dominada por ese movimiento con Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Solo un cambio de ministros promovido por la ministra Presidenta, Norma Piña, podría evitar que esa Segunda Sala pierda autonomía para defender los juicios de amparo.
EN UN NUEVO episodio de calumnias y engaños desde la más alta tribuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos integrantes de su gabinete, pretende justificar el abierto robo de los ahorros de los trabajadores mexicanos. La mentira más grave es, sin duda, intencionalmente omitir que las pensiones siempre deben ser de los trabajadores.
Hoy, cuando esos recursos están en una afore en todo momento son plenamente de los trabajadores. Es decir, esos recursos no son de los bancos, los que simple y llanamente los custodian y cuidan. De esta forma, cada trabajador conoce, revisa y dispone de su dinero. Además, tiene la libertad de cambiar de afore en función de sus intereses, no el de otros. Pero en el supuesto de este gobierno eso ya no será así.
De aprobarse la reforma que plantean, ellos tomarán sin previo aviso el recurso de los ahorradores que ellos consideren y se lo llevarán para usar discrecionalmente, ya sea para pagar a otros mexicanos, o para financiar sus proyectos de interés. En su dicho no es lo mismo custodiar y cuidar el ahorro de un trabajador, como hacen las afores, a decir “como no lo reclamaste, dispuse de él sin avisarte para usarlo como se me antoje”, como pretenden hacer con esta reforma.
Eso, aquí y en cualquier parte del mundo, se llama robo. La pelota ahora está en la cancha de los legisladores. Ya veremos si deciden estar del lado correcto de la historia y frenan este robo, o si sus intereses políticos y el culto al presidente están por encima de su responsabilidad para con la ciudadanía.
LE ADELANTABA EL viernes de la entrega del convenio concursal de Minera del Norte, subsidiaria clave de Altos Hornos de México, avalado por 90% de los acreedores. Fue el primer paso de un esfuerzo de todos los involucrados por reflotar al principal grupo económico de Monclova, y donde el cambio en la administración fue fundamental.
La salida de Alonso Ancira y su familia, representados legalmente por los abogados Jaime Guerra y Antonio Frank, y el arribo de Argentem Creek, de David Chapman, fue determinante. Suscribieron el convenio el 66.81900% de los acreedores con garantía prendaria, el 5.32600% de los acreedores comunes y el 19.11400 de los acreedores subordinados, para totalizar un 91.25900% de los prestamistas de una de las principales acereras del país.
¿SE ACUERDA QUE a finales de enero le referimos que no perdiera de vista a Posadas? Que algo estaban cocinando los accionistas que hoy controlan el grupo que fundó en 1967 el legendario Gastón Azcárraga Tamayo, Alfredo Harp, que posee cerca de 53%, y Fernando Chico, con otro 5%, aproximadamente.
Pues bien, le podemos confirmar que la principal cadena hotelera del país, con una oferta de unas 24 mil habitaciones distribuidas en siete marcas, será vendida quizás este mismo año. La empresa que dirige José Carlos Azcárraga Andrade va, de hecho, por un segundo intento, ya que en 2019 quiso salir y la francesa Accor, que preside Sébastien Bazin, estuvo cerca de quedárselo. Rothschild, que capitanea Víctor Leclerq, los asesora.