ALGUNOS JUGADORES DEL sector azucarero en México todavía no han entendido que los concursos mercantiles no se ganan con berrinches, pataleos, chantajes o piruetas espectaculares.
Es el caso de las empresas Sucroliq y Grupo Azucarero México (GAM), de Enrique Bojórquez y Juan Cortina Gallardo, respectivamente, en el tema del rescate al ingenio Puga, en Nayarit.
Ambas empresas del ramo han intentado una y otra vez tirar los primeros acuerdos para el rescate de dicho ingenio, el más grande de Nayarit y uno de los más importantes del país.
A finales de diciembre pasado dio sus primeros pasos que permitieron un acuerdo entre el conciliador, Marco Antonio Campos, acreedores, accionistas, trabajadores, cañeros y autoridades.
Pese a que en ese mes el experto designado por el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles solicitó medidas cautelares, GAM maniobró para que la zafra de Puga 2023-24 se vuelva a dirigir a Tala.
Campos había pedido a la Juez Primero de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles, Olga Borja, detener la venta de caña de azúcar de la zona a otros ingenios, específicamente al de Tala, en Jalisco.
¿El propósito? Primero, única y exclusivamente quedarse con la producción de caña para ese periodo, sin ofrecer una solución de fondo al conflicto del ingenio del industrial refresquero Oscar Garcíarce.
Y segundo, ganar tiempo y alargar aún más la resolución del concurso, que ya había encontrado un cauce y que ahora prolonga más un problema que inició en febrero de 2023, cuando los trabajadores del ingenio Puga estallaron una huelga.
Sucroliq, en cambio, ha metido el pie una y otra vez para impedir que este rescate se concrete.
Si bien el corporativo de Bojórquez planteó interés en un inicio por quedarse con el ingenio Puga, nunca hizo una propuesta seria.
Lo que sí es que dicha empresa ha sido denunciada en distintas ocasiones por cañeros de distintas regiones del país de “hacer componendas” con líderes sindicales.
Pero sobre todo han alertado que Sucroliq se dedica a comprar barreduras de azúcar y azúcar de ingenios, fuera de la norma, con el propósito de limpiarla y hacer azúcar líquida, que luego se comercializa con empresas de alimentos.
Sobre la mesa ya hay una propuesta seria y solvente para reflotar a Puga, la cual no sólo ayudará al rescate pleno del ingenio, sino que está comprometida con la revitalización de una institución emblemática, fundada en 1846, y sobre todo con la preservación de las fuentes de empleo en la región.
Obstruir la operación del ingenio destruye valor y pone en riesgo la supervivencia de un complejo que es el sustento económico de miles de familias en el estado de Nayarit.
Los trabajadores de Puga ya dieron su visto bueno al plan, ya abrieron las puertas del ingenio y sólo esperan certezas, no berrinches, ni pataleos, ni chantajes, que lo único que hacen es alargar la problemática.
PUES NADA, QUE los prestamistas acreedores del desarrollador Daniel Araf ahora apuntan a José Luis Lechuga, que desde 2016 se desempeña como director financiero de Armar Capital Group, una de las empresas de aquél, desde donde se desviaron los créditos que en su momento otorgaron instituciones como Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez, BBVA que comanda Eduardo Osuna, Sabadell a cargo de Albert Figueras, Banorte de Carlos Hank González y Crédito Real que lleva Fernando Alonso de Rivera, para aplicarse a distintos proyectos inmobiliarios y hoteleros y que dieron lugar a demandas penales por fraude y malversación. Araf lleva tiempo intentando vender el hotel Armar House de Cancún, un inmueble de 300 llaves que antes fue un Meliá y después un Marriott, a los fondos Gencom American Hospitality y Monroe Capital LCC. Pero su emproblemada situación legal se lo impide. Quiere 500 millones de dólares por su hotel.
TRANSPORTES SUVI, PROPIEDAD de Humberto Evoli, es otra empresa que fue beneficiada por la Segalmex en los tiempos de Ignacio Ovalle y René Gavira. Dedicada a servicios de fletes terrestres, mantiene contratos vigentes por más de 800 millones de pesos, además de otros con la SEP de Leticia Ramírez, también por varios millones más, a pesar de que en diciembre de 2022 fue inhabilitada y multada por la Secretaría de la Función Pública a cargo de Roberto Salcedo. A pesar de este antecedente, ese mismo año obtuvo de Diconsa un contrato de 12 millones de pesos para el traslado de maíz envasado. Y en 2024 se le adjudicó otro por 77 millones para mover maíz en trayectos cortos por Sinaloa. Actualmente va por otras licitaciones, de cara al cierre de sexenio, para lo cual cuenta con relaciones al más alto nivel de la 4T.
LA CFE ADJUDICÓ contrato para la compra de luminarias y accesorios para la reinstalación del alumbrado público de Acapulco tras el paso del Huracán Otis a Teletec de México por un total de 53 mil 719 piezas, que comprenden fotoceldas, conectores, cables, brazos galvanizados y lámparas LED por un monto de 31 millones de pesos. Llama la atención que las huestes de Manuel Bartlett seleccionaran a la compañía del especialista en producción teatral, David Alexander Katz, a quien se relaciona siempre con gobiernos del PAN desde que inició operaciones con su empresa en el gobierno de Vicente Fox. Apenas en 2023 fue señalada por irregularidades en un contrato con el ayuntamiento panista de Chihuahua para cambiar 45 mil luminarias LED por 285 millones de pesos.
GOOGLE SIGUE PERDIENDO marcas. Hace unos días el gigante tecnológico que lidera Sundar Pichai volvió a recibir una resolución de la Dirección Divisional de la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la caducidad de la marca de registro M-902022, respecto de la diseminación de publicidad para terceros vía internet, por no haber acreditado el uso en territorio nacional. Esta es la séptima resolución sobre la caducidad de marcas de Google que el organismo que maneja José Sánchez notifica a la oficina que dirige aquí Julian Coulter, cuyo origen es la polémica sobre que inició el abogado Ulrich Richter.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL