Con una Constitución por primera vez, la CDMX fue llamada “Ciudad innovadora y de Derechos”, sin embargo, ¿Hay avance en el ejercicio de los derechos de todos los grupos prioritarios?
A pesar de la condición histórica de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad, habitantes de distintas comunidades dicen que no, pues no los han reconocido oficialmente.
La Constitución señala que estos, son aquellos: “que han conservado sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, que habitan un territorio determinado y reconocen autoridades propias”.
El primer registro de un organismo que tuviera como objeto tratar estos asuntos en la capital, fue el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal creado el 21 de marzo de 2007.
Uno de sus mayores logros, aún es criticado, pues el padrón que en su momento elaboró, no brindaba certeza jurídica, al carecer de documentos que respaldaran la decisión de clasificar estos sectores de la sociedad.
Llegado este punto, hay dos ejes importantes a reflexionar: por un lado el reconocimiento de los derechos, y por otro, el ejercicio de los mismos.
Primero, queda claro que la Constitución ha cumplido el objetivo, incluso existe una Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que crea un Sistema de Registro.
Obtenido el registro, se accede a los derechos reconocidos en las normas. A la fecha se encuentran registrados 50 pueblos originarios, cifra lejana a los 139 que consideraron instituciones como la CDHCM. Los ya registrados están distribuidos entre las alcaldías, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Sin embargo, alcaldías como Azcapotzalco que, de acuerdo con la CDHCM cuenta con 25 pueblos, ninguno ha sido reconocido, aunque han manifestado informidad por la violación a sus derechos de participación en asuntos como desarrollos inmobiliarios que atentan contra su ordenamiento territorial y los recursos naturales.
Eso obliga a preguntarnos si la Secretaría de Pueblos y Barrios es facilitador o no en la promoción y apoyo a las comunidades en su registro, o esto es más difícil a pesar de la dependencia.
Ahora bien, si de ejercicio de derechos hablamos, ¿Qué tal la consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial? En su momento la inconformidad fue tal, que tuvieron que suspender las jornadas por los amparos presentados. ¿Dónde quedaron sus derechos?
De pilón:
Si bien el Congreso CDMX reconoció con la develación de las letras de oro el 15 de febrero de 2024: “A los pueblos indígenas originarios y afromexicanos”, vista la realidad, de poco sirve al ver que la Ley vigente no hace mención alguna de dichas comunidades.
POR GABY SALIDO
PAL