Un tema que dará de qué hablar en los próximos días es la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que entró en vigor ayer en nuestro país, con el objetivo de establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo de ese derecho.
Cabe recordar que, a principios de marzo, el Congreso de la Unión aprobó dicha ley para asegurar una alimentación saludable y justa y, de esta manera, incidir en la reducción de los índices de obesidad en México.
La ley incluye 111 artículos en los que se busca priorizar los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada por parte del Estado.
Incluye la promoción y consumo adecuados; producción, abastecimiento y distribución de alimentos; una política nacional alimentaria y una estrategia nacional de alimentación y programa especial del sistema agroalimentario.
Una parte importante es el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), una instancia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y los Comités de Alimentación, para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación adecuada.
También contempla un capítulo sobre reservas estratégicas, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de operar un programa de almacenamiento de reservas de granos básicos y semillas para enfrentar un posible desabasto.
Como podemos ver, el espíritu de esta ley garantiza una alimentación sana, que es base para tener una sociedad sana también y disminuir los gastos que generan enfermedades que se pueden prevenir desde la alimentación.
Además, ante los desafíos alimentarios y medioambientales, es preciso que se tomen acciones concretas para garantizar la seguridad alimentaria y seguir avanzando en las prácticas sostenibles en la producción y distribución de alimentos.
Sin embargo, también debemos leer esta ley con detenimiento, pues contiene elementos que podrían ir en contra de la competitividad y quizá, ocasionar pérdidas económicas en unidades de producción y negocios.
Por ejemplo, se contemplan sanciones económicas e incluso clausuras a los productores, distribuidores y restaurantes que incumplan algunos de los ordenamientos previstos en la ley, que en algunos casos pueden estar fuera de su alcance, como el no advertir cuando los productos contengan ingredientes que provengan de organismos genéticamente modificados (OGM).
Además, se requiere tanto de parte de productores, negocios y autoridades de los tres niveles de gobierno, recursos suficientes para cumplir con varios de los artículos de esta nueva Ley.
Lo principal será siempre privilegiar el diálogo, el consenso y contar con el tiempo necesario para cristalizar esta ley, que sea favorable para la población y no contraproducente para la actividad económica y el bolsillo de los consumidores.
POR MARIANA OTERO BRIZ
COLABORADORA
@BRIZCOCHO
PAL