“El Fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación, que no afecta ningún derecho,
ni le roba a nadie”.Ignacio Mier
El sistema de jubilación es una madeja difícil de desenredar. El objetivo de esto es circular, cíclico y progresivo, la población económicamente activa, esa que tiene edad tipo para hacerlo y lo hace, es gravada y un porcentaje de esto es para pagar a quienes, por su edad, no lo pueden hacer más, pero que lo hicieron toda su vida.
Asimismo, las nuevas generaciones soportan las jubilaciones de la actual población trabajadora y así sucesivamente. El monto lo completa el último empleador y/o el gobierno. Es un derecho dado y una fórmula de un Estado e iniciativa privada que ve por las y los adultos mayores.
En nuestro país, las pensiones eran dotadas por el empleador y por el gobierno en porcentajes disímiles; sin embargo, en la llamada Reforma de 1997, en la que las y los trabajadores que comenzaron a laborar y cotizar después de junio de ese año, entraron a un sistema pensionario donde cada trabajador ahorra individualmente para su retiro, conteniendo ese dinero en las distintas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Esta ley de 1997 sustituyó a la ley del Seguro Social de 1973 durante la administración de Ernesto Zedillo, la cual se efectuaba por cesantía, entre los 60 y 64 años de edad, o por vejez, una vez cumpliendo los 65 años de edad y 500 semanas (mínimo) de cotización ante el IMSS.
Ahora, en el actual “régimen cuatroteísta”, el mandatario envió el 5 de febrero a la Cámara de Diputados una iniciativa constitucional para modificar el artículo 123 y crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y, desde la Cámara se presentó la iniciativa por autoría de Ignacio Mier e Angélica Ivonne Cisneros, en complemento de la enviada por el Ejecutivo para echar atrás la ley del 97, y que el Estado vuelva a ser quien pague las pensiones de las y los jubilados; pero con un giro inesperado: tomar las cuentas de afores que no hayan tenido movimiento de las y los pensionados.
La tesis es “cuidar” a las personas que lleguen a su jubilación y puedan cobrar hasta 100 por ciento de su último salario recibido…siempre y cuando sea para aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16 mil 361 pesos. El cambio propuesto por parte de Mier y Cisneros es que este fondo sea para complementar este monto, el cual en esta primera etapa pretende ser de 40 mil millones de pesos.
Evidentemente, aún no se cuenta con las reglas de operación ni con el Comité Técnico que operará el Fondo de Pensiones del Bienestar. Como en la gran mayoría de iniciativas de reformas o proyectos en esta administración, no son claros, son desaseados u opacos, por decir lo menos.
Pero esta vez fueron más allá cuando se tuvo que suspender la discusión de esta reforma porque “mágicamente” aparecieron más de 12 cambios alterando lo presentado ante el Pleno.
Con esto, lo que parecía una medida para paliar los problemas del sistema de pensiones, ahora se vuelve una ley confiscatoria y claramente ilegal, pues en estas modificaciones —en lo oscurito— tomarían también los ahorros de las y los trabajadores en activo.
Todos los partidos de oposición preparan su negativa ante esta falta de pulcritud legislativa y, como ha pasado constantemente en estos cinco años, la ola de amparos ya se puede ver.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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