El voto es, en palabras de John Rawls, una expresión de justicia donde cada persona, sin importar su condición, tiene la capacidad de evaluar y participar en las decisiones colectivas que definen su sociedad. Esta reflexión se alinea con la importancia de garantizar el voto para todas las personas, también de quienes están privadas de su libertad.
De manera histórica, las personas que ingresaban a un centro de reclusión en México experimentaban la suspensión automática de su derecho al voto. Sin embargo, la Constitución sólo prevé esta restricción para aquellas que han sido condenadas. Al privarles de su voz en el ámbito político, se les relegó a un estado de invisibilidad y olvido, negando su influencia en decisiones que afectan su entorno inmediato y de país.
En 2019 el Tribunal Electoral ordenó al INE garantizar el derecho al voto de personas que están en reclusión sin sentencia, potencialmente 92,792 personas conforme lo reportado por INE en 2023; de las cuales más de 6,200 son mujeres, conforme INEGI.
No obstante, el ejercicio efectivo de este derecho se ve obstaculizado por barreras prácticas, como la falta de documentos de identidad actualizados. En este escenario, la Caja de Herramientas de Derechos Político-Electorales #DemocraciaResiliente que desarrollamos en la Red Ciudad en Apertura, adquiere un valor especial. Aquí se pueden encontrar recursos y guías que facilitan el acceso a documentos esenciales, como el acta de nacimiento o la credencial de elector, incluso en la garantía del derecho a la identidad, cuando sea el caso.
Para asegurar una participación efectiva es esencial que las personas en reclusión estén con las condiciones de respeto, inclusión y se garanticen sus derechos humanos, así como que accedan a información que les permita tomar decisiones. Para ello, el derecho a saber es clave, así como el derecho a entender.
En las Cajas de Herramientas #MujeresResilientes y #DemocraciaResiliente facilitamos videos para consultar información de interés en la Plataforma Nacional de Transparencia, y para pedirla. También se incluyen guías para exigir respeto, inclusión, y así abonar a interacciones de justicia abierta.
Para este proceso electoral la realidad rebasó la ejecución de las disposiciones de la autoridad electoral. Conforme a datos oficiales compartidos en conferencia del 16 de abril habrá limitado alcance para hacer efectivo el voto de personas privadas de libertad sin sentencia. Para la elección presidencial de 2024, sólo el 33.5% estará en posibilidad de hacer voto anticipado, del 6 al 20 de mayo. Es decir, más de 31 mil personas en prisión preventiva que se encuentran en 282 centros de reclusión.
Aún así, hay certeza de que abonar a la cultura de la participación informada es un camino de largo aliento. Así que estamos en proceso de sembrar para cosechar más en unos años. Reforzar acciones focalizadas con los derechos humanos, facilitar el acceso a la información y garantizar la participación plena en la esfera cívica, sobre todo de grupos vulnerables. Sólo de esta manera construiremos una sociedad genuinamente inclusiva, que habilite la participación democrática en la elección de representantes populares.
Aquí es donde se acompañan el derecho a saber para ejercer derechos político electorales, y así trazar la ruta de la #AperturaSinExcepción para construir y fortalecer capacidades de personas privadas de libertad.
POR MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX
@MARICARMENNAVA
EEZ