Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría poner en riesgo la seguridad nacional y la paz pública, al pretender considerar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, contemplada en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es proteger a las víctimas de su agresor y evitar que los delincuentes se den a la fuga durante el proceso penal.
Otra más del Poder Judicial de la Federación, que en lugar de defender al pueblo, impartir justicia y hacer valer la Constitución, ahora están a punto de favorecer la inseguridad con esta medida.
Si bien se ha declarado un receso en el pleno del máximo tribunal, donde se discutía la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa, de reformarse y aprobarse, quedarían libres 68 mil posibles delincuentes, lo que pondría en riesgo a policías, víctimas y sus familiares con la libertad de agresores, quienes podrían ejercer represalias.
Por ello, de tomarse esta medida, pondrían en vulnerabilidad la paz y seguridad de los mexicanos, pues imagínense que de un plumazo salgan miles de personas que estaban en la cárcel por delitos como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, feminicidio, abuso infantil y delincuencia organizada y vuelvan a tomar las calles.
De acuerdo al INEGI “del cien por ciento de los delitos que se cometen, el 93.3% no se denuncia y por lo mismo, no se inicia una carpeta de investigación”, debido entre otros temas, por la burocracia del Poder Judicial de la Federación y por temor a los mismos delincuentes, lo que inhibe la cultura de la denuncia.
Es por ello que resulta delicado que la SCJN discuta en plena campaña electoral la eliminación de la prisión preventiva oficiosa ya que, a todas luces se trata de un tema polémico que algunos ministros no dimensionan por obedecer a factores políticos.
Por ello, la posible libertad de los 68 mil presuntos delincuentes acrecentaría la enorme cifra de impunidad que ha imperado en nuestro país por décadas y, sobre todo, afectaría la lucha y el combate a la delincuencia que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador con grandes resultados.
Por eso, es inadmisible que la SCJN se preste a venganzas políticas en contra del mandatario sin que les importe poner en riesgo la seguridad nacional y, por si fuera poco, con la anulación de la prisión preventiva, el Poder Judicial de la Federación se excede en sus facultades al vetar una disposición constitucional, cuando la única instancia para reformar o eliminar un artículo de la Carta Magna es el Congreso de la Unión. Por eso, por el bien de la República y del equilibrio de poderes, el Poder Judicial de la Federación no debe autodesignarse como el gran poder de los poderes.
POR JULIO CÉSAR MORENO
DIPUTADO FEDERAL
@JULIOC_MORENO
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