La crítica situación de violencia e inseguridad que se vive en todo el país que impacta al proceso electoral y pone en riesgo nuestra incipiente democracia, generó la conformación impulsada desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de un grupo de trabajo plural a efecto de dar seguimiento, vigilancia y coadyuvar desde el ámbito de nuestras atribuciones, en la identificación y mitigación de los diversos riesgos que se presentan durante las campañas, la jornada electoral y las etapas finales del tramo comicial.
Es evidente que se requiere de la concurrencia de todas las autoridades para procurar tener un ejercicio en el que prevalezca la paz y el orden, sin menoscabo de la contienda, el debate y las expresiones propias de una campaña tan compleja.
En este contexto, además de la denuncia cotidiana que se realiza por las y los legisladores por la sistemática e inconstitucional injerencia del presidente en las elecciones, se ha puesta el foco de atención en los aspectos inherentes a la seguridad, especialmente en cuestiones como las agresiones, algunas incluso fatales, hacia precandidatos y candidatos, así como la muy deleznable y preocupante intromisión del crimen organizado.
Los trabajos del grupo plural se han concentrado en identificar los aspectos que requieren de la concurrencia de los poderes públicos para su oportuna atención. Sin renunciar a nuestras correspondientes adscripciones partidistas, los legisladores hemos privilegiado el establecimiento de una visión común para otorgar información y poner a disposición de las autoridades electorales y administrativas nuestras capacidades de representación y gestión, a efecto de que nada quede sin hacer por nuestra parte para tener una elección lo más segura y aseada posible.
Consideramos que con independencia de las distintas competencias de las autoridades, cada una debe asumir su responsabilidad y coadyuvar en el despliegue de acciones integrales, no fragmentadas, de colaboración, para alcanzar elecciones auténticas, libres y democráticas.
Dentro de las acciones realizadas destacan las siguientes:
Sostuvimos reuniones de trabajo con la secretaria de seguridad ciudadana, Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con quien compartimos nuestra preocupación. También, con el Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales, cuya actuación es urgente ante las evidencias de una gran diversidad de conductas y hechos en el ámbito del ejecutivo federal que pueden tener connotaciones penales. Celebramos reunión de trabajo con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante el INE, propusimos que en la mesa de seguridad, se agilize el protocolo de protección de los participantes en las contiendas, mediante una comunicación estrecha y eficaz con las autoridades electorales y de seguridad. Lo anterior, con la finalidad de mejorar la petición de despliegue operativo del protocolo de protección de candidaturas e inclusive habilitar un canal de comunicación ejecutivo en caso de emergencias.
Que se revise la facultad para que de manera excepcional, se declare la suspensión de la realización de la jornada electoral en las zonas donde no haya condiciones para su realización, buscando siempre hacer prevalecer la indemnidad de la voluntad del electorado. Del mismo modo, se ha revisado el ejercicio de las competencias correspondientes para declarar la nulidad de las elecciones en las localidades en las que se compruebe fehacientemente una injerencia ilegítima, indebida e ilegal del crimen organizado.
Por otro lado, nos comprometimos a alcanzar los consensos y acuerdos necesarios para que en este periodo ordinario -antes del 30 a de abril-, se pueda pasar al pleno un proyecto de decreto en el cual se declare imprescriptible los homicidios dolosos en general y en específico de todas las personas que participan en los procesos electorales.
Se promoverá que con la colaboración de la autoridad electoral nacional se puedan comunicar los riesgos detectados para la celebración de elecciones libres a fin de poner en marcha de manera preventiva los mecanismos de seguridad y protección de candidaturas en los tres niveles de contienda.
A partir de las experiencias y circunstancias inherentes, así como a los retos a la democracia en nuestros días, se trabajará en un proyecto de reforma electoral integral que haga prevalecer los principios consagrados en el artículo 41 constitucional. Lo que buscamos es conjurar de manera definitiva las conductas que han proliferado en este proceso electoral y que de manera evidente han buscado socavar las bases para la realización de un verdadero ejercicio democrático. Así como a nivel mundial se han identificado riesgos emergentes para la democracia, en México se han detectado este tipo de pulsiones de regresión hacia regímenes autoritarios que limitan la esfera de derechos ciudadanos para informarse, criticar, discutir y participar en la conformación de la vida pública.
Como se puede observar, la tarea es ardua y compleja, pero no podemos arriesgar uno de los bienes públicos más preciados que tenemos los mexicanos: la existencia de un arreglo social y político en el que todos cabemos y que entre todos debemos de hacer prevalecer.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
@JORGEROHE
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