Probablemente haya escuchado de los servidores de la Nación. Son un grupo de funcionarios públicos que se encargan de hacer llegar programas sociales a ciertos sectores de la ciudadanía.
En México, no puede haber servidores públicos en las casillas durante el día de las elecciones porque su sola presencia puede presionar o intimidar a las y los ciudadanos. El voto debe ser siempre libre.
El pasado 10 de abril, el Tribunal Electoral resolvió un caso importante que tuvo que ver con la forma en que los partidos políticos registrarán a sus representantes de casilla estas elecciones.
Algunos han lanzado críticas a la sentencia diciendo que se abrió la puerta a que los llamados servidores de la Nación estén en las casillas. Me parece exagerado y especulativo.
Pero antes de explicar qué se decidió la semana pasada y por qué, creo que es importante recordar que fue el Tribunal Electoral quien puso el tema de los servidores de la Nación sobre la mesa, ordenando al INE que sacara un reglamento para evitar que esta nueva clase de funcionarios intervinieran en las elecciones.
Es decir, ha sido el Tribunal el primer preocupado y consciente de que la posible intervención de los servidores de la Nación en las elecciones debe ser regulada y vigilada.
El INE sacó el reglamento acatando la sentencia y decidió crear una plataforma digital para que los partidos registraran, exclusivamente a través de dicha plataforma, a sus representantes de casilla, garantizando que no fueran servidores públicos. Varios partidos se quejaron del sistema digital del INE.
¿Qué decidió el Tribunal? Que debía darse a los partidos políticos la libertad de decidir si querían registrar a sus representantes entregando documentos en físico o a través de la plataforma digital del INE, ¿Por qué? Bueno, aquí está el tema jurídico.
Como sucede en los deportes, en derecho hay varias “categorías” de normas. No es lo mismo jugar en la “liga” constitucional, que en la liga legal o la reglamentaria.
Ahora, en los deportes una liga no se mete con la otra. En derecho sí. La ley tiene que alinearse a la Constitución y los reglamentos tienen que alinearse a la ley. Es decir, la Constitución es el réferi de las leyes y la ley es el réferi de los reglamentos.
El registro digital del INE se creó en un reglamento -cosa que es correcta- pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que los consejos distritales del INE tienen la facultad de registrar a los representantes de los partidos.
Limitar a los partidos a que sólo registren a sus representantes en la plataforma digital olvida que la ley también permite que lo hagan con documentos físicos en esos consejos distritales. El reglamento del INE no estuvo adecuado con lo que dice la ley.
El Tribunal no echó abajo el acuerdo ni prohibió el mecanismo digital. Solo permitió que los partidos elijan el método que prefieran porque es un derecho que la ley les da y que el INE debe garantizarles.
La tecnología puede ser conveniente para agilizar procesos y facilitar nuestra labor, pero, como autoridades, no podemos dejar de garantizar derechos reconocidos en la ley al amparo de las tecnologías.
Las tecnologías son herramientas auxiliares que pueden potenciar derechos, pero no sustituyen a la ley. Lo que hizo el Tribunal fue hacer respetar la ley y reconocer la bondad del registro digital, permitiendo que continúe.
Si no se está de acuerdo con los mecanismos actuales o se piensa que son problemáticos, eso tendrán que cambiarlo quienes hacen las leyes: los diputados y senadores; y no las autoridades electorales, por muchos beneficios que esto tenga en la práctica.
Por último, considero que no podemos actuar o exigir el uso de mecanismos novedosos bajo sospechas de que un determinado partido o coalición violará la ley. La realidad es que la entrega de formatos en físico ha sido el proceder en todos los procesos electorales anteriores y la experiencia en su manejo es que han sido útiles en el control de quienes participan como representantes de casillas.
POR FELIPE FUENTES
MAGISTRADO DEL TEPJF
@FFuentesBarrera
MAAZ