En México, la violencia se ha convertido en un arma del crimen organizado para influir en la vida política nacional, estatal y municipal. Según algunos reportes, de 2018 a marzo de 2024 se han dado más de 1,650 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que actúan en el ámbito político o gubernamental, o contra instalaciones de gobierno o partidos. Los informes periódicos sobre este grave fenómeno revelan que en cada elección se amenaza a la débil democracia mexicana.
Las cifras revelan que, de enero de 2018 a diciembre de 2023, fueron asesinados 105 candidatos, precandidatos y ex candidatos. Guerrero es el estado con más víctimas: 16 en esos cinco años. También es el que tiene más eventos de este tipo en 2023: 91 de los 574 ocurridos en todo el país; Michoacán ocupa el quinto lugar, con 38, y el Estado de México el lugar 17, con nueve. Hasta el momento, 2023 es el año que ha registrado la mayor cantidad de eventos de violencia político-criminal.
Enero de 2024 fue el más mortal para los candidatos durante los últimos cinco años. En los primeros días de enero hubo cinco víctimas más: tres precandidatos y una aspirante a cargos municipales, así como a una precandidata a senadora. Esta espiral de violencia provocó que se anunciara un programa de protección federal a quienes tengan candidaturas a cargos de elección popular, durante el actual proceso electoral, lo cual es un reconocimiento de la gravedad de la inseguridad en algunas entidades.
Con los datos más recientes, queda claro que la violencia política es una amenaza real en el actual proceso electoral. Por esta razón, todas las autoridades que intervienen en la organización del proceso comicial, antes, durante y después de la jornada electoral, deben coordinarse con quien sea necesario para garantizar la seguridad de quienes tengan candidaturas a cargos de elección popular. Todos los órganos del Estado deben evitar que el crimen organizado incida en las elecciones, alterando su curso normal. Solo así podrá resolverse este grave problema, no tratando de ocultarlo.
Es fundamental que quienes realicen campañas para conseguir la presidencia de la república, las diputaciones federales y las senadurías, lo hagan con la confianza de sentirse protegidos por la fuerza del Estado, sin amenazas o ataques de los grupos delictivos. También es necesario que la ciudadanía se sienta libre para votar por el partido o la candidatura de su preferencia, sin presiones del crimen organizado. La voluntad popular no debe ser sustituida por los intereses de los delincuentes.
Si como lo señala uno de los reportes consultados, “no existe la democracia donde impera el miedo”, entonces las autoridades tienen la enorme responsabilidad de que la competencia política ocurra en condiciones pacíficas. Es indispensable que en la contienda electoral se tengan garantías de seguridad para transitar, reunirse y expresarse libremente, entre otros derechos, sin temor a sufrir represalias del crimen organizado. Es lo mínimo que se requiere para que la ciudadanía pueda votar en libertad el 2 de junio. No puede correrse el riesgo de votar en medio de la violencia.
La violencia política y otros temas más serán parte del análisis que realizará el Panel Ciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral, una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS-UNAM, que arranca labores en el Centro Cultural Tlatelolco, el 17 de abril de 2024. Más información en https://puedjs.unam.mx/panel-ciudadano-de-seguimiento-al-proceso-electoral-2024/
Gabriel Corona Armenta
Profesor de la FES Acatlán. UNAM
EEZ