Morena, a través de su candidata, insiste en politizar el poder judicial, buscando atarlo de manos al convertirlo en un órgano político donde se prioriza la popularidad antes que la eficiencia y el conocimiento necesarios para ser ministro del más alto tribunal del país.
Generan una retórica falsa sobre la necesidad de evolución del sistema judicial para convertirlo en político en lugar de mantenerlo como un sistema que requiere criterios técnicos y profesionales.
Esta retórica se evidencia en el debate encabezado por el impresentable y corrupto exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien está acusado actualmente de ser parte de una red de corrupción y presión a jueces e influir en sus fallos en el poder judicial federal y local; operado por despachos de abogados pertenecientes a ese grupo.
La elección popular de ministros pretende disfrazarse como una manifestación de democracia directa, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en la composición del gobierno. Sin embargo, esta visión es absolutamente populista; la popularidad de un candidato no necesariamente se correlaciona con su capacidad para desempeñar las funciones gubernamentales, y mucho menos ministeriales, que requieren técnica y conocimientos específicos para su efectiva ejecución.
La gestión de un ministerio exige habilidades técnicas, experiencia y conocimientos especializados que no deben ser menospreciados en favor de la popularidad y la retórica política, evidentes en un proceso de elección popular. Es decir, la popularidad y la retórica política eclipsarían la evaluación de las habilidades y la competencia.
No se necesita ser un científico especialista en física cuántica para ver claramente que la elección de ministros por votación popular dará lugar a una politización de los cargos ministeriales, donde los candidatos buscarán principalmente el respaldo popular en lugar de demostrar su aptitud para el cargo. Esto conducirá a una falta de diversidad en los perfiles de los ministros, así como a una menor capacidad para abordar los desafíos complejos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se les olvida a los populistas adictos al poder de la actualidad que la selección de ministros basada en criterios técnicos y profesionales garantiza una mayor idoneidad y competencia en los cargos ministeriales.
Los candidatos deben ser evaluados en función de su experiencia, formación académica, trayectoria profesional y capacidades específicas relacionadas con el puesto que van a desempeñar, así buscar garantizar que los ministros estén adecuadamente preparados para enfrentar los desafíos inherentes a sus responsabilidades, sin verse limitados por consideraciones puramente políticas.
Si aún con los candados actuales de las propuestas del ejecutivo y aprobación del pueblo a través del poder legislativo no son suficientes para lograr tener ministros capaces; lejos de suavizar los candados actuales deberíamos endurecerlos.
La propuesta debe emanar de los órganos colegiados especializados en materia jurídica y el Senado de la República, ahí votarse y elegirse, y no del ejecutivo federal como actualmente se hace, y debe basarse en el criterio de experiencia profesional, trayectoria, solvencia moral y los fallos dictados.
Adicionalmente, se debe reformar la constitución para que sea un requisito indispensable que un ministro haya sido juez y/o magistrado antes de aspirar a ser ministro del máximo tribunal, y que sus fallos hablen por él, y no cualquiera que le pueda servir al presidente.
La elección popular de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un riesgo enorme para el estado de derecho.
La politización y falta de idoneidad en los cargos ministeriales representan una pérdida de calidad en el sistema judicial. Los ministros deben ser seleccionados no por popularidad o afiliación política, sino por su experiencia, formación académica, trayectoria profesional y solvencia moral.
Endurecer los criterios de selección, limitar la influencia del poder ejecutivo y enfocarse en el criterio de experiencia profesional y judicial para aspirar a ser ministro son pasos necesarios para preservar la integridad y la eficacia del poder judicial en México.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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