La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sacó otra pieza de su plan estratégico para fortalecer la defensa de la Constitución, como parte de una contraofensiva para evitar que la 4T debilite al Poder Judicial con una narrativa y le quite dientes con reformas legislativas.
Es una batalla silenciosa que irá subiendo de tono y que no debemos perder de vista. Ayer anunció la creación de la Dirección General de Participación Social para acercar la justicia constitucional a las personas, a través de mecanismos y proyectos de participación social, así como divulgación del conocimiento jurídico e historias y relatos que van sentando precedentes que impactan con fuerza a la sociedad en su modo de vida.
Es una contraofensiva a López Obrador, quien metió en la Suprema Corte de manera directa a Lenia Batres en sustitución de Arturo Zaldívar para pegar desde adentro y de manera paralela el mandatario federal, además presentó un paquete de cambios constitucionales para quitarle facultades a los ministros.
Entre otros puntos quiere que los máximos representantes del Poder Judicial sean electos por votación. Se requieren dos terceras partes del pleno del Congreso para lograrlo, pero como Morena ni sus aliados tienen esa fuerza es parte de su propuesta de campaña presidencial.
Por lo pronto, AMLO instruyó a diputados y senadores a realizar cambios en la Ley de Amparo con el propósito de limitar severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en el país.
También se discute en este momento en el Senado cambios a la Ley de Amnistía que permite al presidente de la República liberar a delincuentes si así lo quisiera.
Esa es la ofensiva legal mientras Batres, con un discurso coloquial, despierta indignación social al presentar a los ministros como verdugos del pueblo y beneficiarios de una vida llena de privilegios.
Entonces la Dirección General de Participación Social que estará a cargo de Francisco Javier Esquinca Cuevas va a defender el espíritu de la Corte y ejecutará un trabajo nunca antes realizado en su historia que consiste en acercarse y hablarle a la gente.
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El Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar hechos imputados a exintegrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de dicho Consejo, ya lo notificó por oficio al Tribunal Pleno del Máximo Tribunal.
Frente a este escenario, el Tribunal Pleno definirá, del marco legal vigente, la manera en que debe tramitarse cualquier procedimiento de responsabilidad administrativa atribuida a una Ministra o Ministro del Alto Tribunal, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y diversos Acuerdos Generales de Administración que regulan tal supuesto.
UPPERCUT: Este martes se lleva a cabo un debate entre las candidatas al gobierno de Guanajuato organizado por la Coparmex en medio de una severa cris de inseguridad y de crímenes político, como el de Gisela Gaytán, en Celaya, cuya línea de investigación será una bomba cuando se dé a conocer en los próximos días.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
COLABORADOR
@ALEXSANCHEZMX
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