La lucha en las últimas décadas por el fortalecimiento de nuestra democracia ha implicado constituir un sistema electoral que permita que existan elecciones libres y auténticas, en donde el voto ciudadano cuente y se cuente.
También ha permitido asegurar el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, a través de la creación de órganos constitucionales autónomos que deben actuar ajenos a los vaivenes propios de la contienda político electoral.
En la misma lógica, fortalecer instituciones, como es el Poder Judicial de la Federación, para dar solidez a los mecanismos de control de la regularidad constitucional y de protección de los derechos humanos. Todo lo anterior, para evitar actos con clara intención autocrática.
Dos ejemplos de ese actuar que ocurrieron la semana pasada. En comisiones del Senado se aprobaron dos reformas legales bastante delicadas. Una a la Ley de Amparo que deroga, por una parte, una facultad discrecional de los jueces para conceder excepcionalmente la suspensión cuando a su juicio el acto impugnado genera una clara afectación al interés social; y adiciona la imposibilidad de otorgarla con efectos generales, en juicios de amparo que versen sobre la inconstitucionalidad de normas generales.
La otra es a la Ley de Amnistía que permite al Presidente de la República conceder el perdón, de manera unilateral y completamente a su discreción, a cualquier persona incluso ya sentenciada.
Las dos reformas no son menores. Se trata de atar las manos del Poder Judicial, limitando los alcances del juicio de amparo, mecanismo por excelencia para la tutela de los derechos humanos, y otorgar mayores facultades discrecionales al Ejecutivo federal, que ahora podrá revocar de facto una sentencia definitiva para sacar de prisión a cualquier delincuente.
Las justificaciones parecen insuficientes. En el caso del amparo, se dice que es porque en los últimos años se han adoptado criterios que, aunque buscan la protección de derechos colectivos, han provocado críticas a los jueces por su aplicación inconsistente y a veces arbitraria. Si existe una aplicación arbitraria de la norma o ejercicio indebido de la función, el remedio no es desaparecer el derecho ciudadano, es sancionar a quien ejerce arbitrariamente su cargo.
En el caso de la amnistía, se dice que es para la obtención de información valiosa para esclarecimiento de hechos delictivos. La solución en todo caso es desproporcionada. Se pueden crear mecanismos idóneos, como mejorar la capacidad de investigación de los ministerios públicos. Las facultades discrecionales ilimitadas no abonan a un mejor sistema de impartición de justicia y sí tienen a debilitar nuestro Estado de derecho.
Los ejemplos que menciono hacen evidente la intención de eliminar mecanismos del control del poder que tantos años nos han costado lograr y afectar a la ciudadanía. Obviamente ello ocurre con mayorías legislativas que se limitan a aprobar los deseos del Ejecutivo, sin cuestionar su idoneidad o viabilidad.
Por ello, de cara a la elección de junio, hay que insistir en la importancia de los gobiernos divididos, en que las fuerzas políticas representadas en el Congreso realmente aseguren contrapesos y se eviten abusos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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