Como concepto suena fenomenal: “ayudarán a que los trabajadores tengan mejores pensiones”. Como realidad, será un robo de más de 40 mil millones de pesos. Como propuesta, tendrían que modificar los errores que contiene y generar un esquema jurídicamente viable (el planteado no lo es) para que el gobierno se quede con un dinero que no es suyo.
En todo caso, la polémica está servida. La iniciativa de reforma presentada por el gobierno federal sugiere que el dinero que está en las afores y no sea reclamado (no se han especificado tiempos, razones, plazos, condicionantes, etcétera) será tomado por el gobierno para crear una “reserva o bolsa que garantice una mejor pensión para los trabajadores”.
Aducen que ese dinero confiscado mejorará la pensión en tres puntos porcentuales de quienes la reciben y recibirán en un futuro; esto es, que en lugar de recibir 27% del último salario como pensión mensual, se obtendría 30%.
Así como está planteada, la iniciativa constituiría un despojo inaceptable a los ahorros de los trabajadores.
No habría forma de monitorear y controlar el buen uso de esos 40 mil millones de pesos, una vez que pasaran a las arcas públicas gestionadas por el gobierno.
Ocurriría exactamente como con los extintos fideicomisos: nadie sabe dónde está ese dinero, sí se ocupó o para qué.
López Obrador asegura que se busca: “proteger ese dinero y que no se lo queden las instituciones que lo manejan”. Lo dice como si hubiese alguna evidencia de que la administración pública gestiona el dinero de mejor manera que la iniciativa privada o, bien, que no roba a gran escala.
Lo que toma tintes ya de verdadera tomadura de pelo es cuando el mandatario dice que este nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar contará con otras fuentes de financiamiento como son los decomisos hechos por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, las utilidades del Tren Maya, del AIFA, del corredor del Istmo de Tehuantepec, así como lo obtenido de la venta de terrenos hasta antes controlados/pertenecientes al Fondo Nacional de Turismo (FONATUR). Burla porque no aclara que todas estas fuentes son en realidad pozos sin fondo con pérdidas millonarias.
Y si bien en nuestro país algunas administradoras —afores— cobran una comisión superior a las de otros países, ello es algo que podría y debería mejorarse.
Ciertamente no debe ser la justificación para que el ejecutivo federal pueda manejarlas a su antojo.
No es la primera vez que lo señalo; la primera en mayo del 2020, “AMLO, donde pone el ojo, fastidia todo; ¡aguas con nuestras pensiones!” (SDPnoticias).
Evidentemente no soy agorera, simplemente se trata de un esquema —hacerse de nuestro dinero y administrar el erario— que el obradorismo ha repetido una y otra vez con terribles resultados (información para sustentar esto que digo es pública y amplia). Ir por las afores (el remanente de las mismas, lo que nadie cobra) es el pretexto perfecto para hacerse de dinero fácil y sin tener que pagar ningún costo financiero.
El gobierno podría proponer mecanismos para rastrear y entregar esas cantidades a sus legítimos dueños o a los herederos de estos. Se hace en otras naciones y a costos muy razonables por cuanto a gestiones. Si esto no fuera posible, entonces dirigir estos recursos—de preferencia sus réditos/intereses— a programas específicos con certificación internacional o a proyectos productivos.
Así como está planteada, esta iniciativa de reforma es una expropiación de recursos; los ahorros son propiedad privada.
Ha sido tal el impacto de lo que el régimen pretende hacer, que el dictamen de la reforma ya sufrió su primera modificación para que diga: “las afores deberán transferir los recursos de las subcuentas al Fondo de Pensiones para el Bienestar al momento que los trabajadores cumplan 70/75 años; lo anterior no será aplicable a las cuentas con una relación laboral activa”.
De lo contrario, una persona que haya cumplido 70 años pero que por algún motivo continúe trabajando (no se pensione), perdería su dinero ahorrado y aún no reclamado, lo que le aseguraría un verdadero viacrucis cuando finalmente decidiera jubilarse.
Para mayor gravedad, el gobierno dirá que las pensiones “las otorga él” y no que estas son producto del ahorro de otros muchos trabajadores después de una larga vida de trabajo.
Ya van por las afores, no es lo único. El Fondo de Pensiones del Bienestar anuncia terminar siendo como la farmaciota; esa que sigue vacía y solo le quitó las medicinas al IMSS y al ISSSTE.
Hemos sido avisados y estamos a punto de ser sentenciados.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
MAAZ