El asalto a la embajada mexicana en Quito cruzó todos los límites del derecho internacional: fue un acto inaceptable que amerita la condena inequívoca de México y la comunidad global. Y que justifica haber roto relaciones diplomáticas con Ecuador y acudir a la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, esta crisis era evitable. Ante las diferencias ideológicas, las tensiones entre gobiernos se exacerbaron por declaraciones y acciones políticas que rayaron en la provocación e incluso en la intervención en asuntos internos de otro país. Se dejaron de lado los cauces diplomáticos y los diferendos se llevaron al ámbito público.
El prestigio de la diplomacia mexicana no es fortuito. Es el reconocimiento de la comunidad internacional al despliegue de una política exterior de Estado, congruente. Históricamente, nuestra actuación en el mundo estuvo sustentada en una doctrina sólida: incluso los países que no estaban de acuerdo con nuestras posiciones reconocían su consistencia y certeza. Ello hizo de México un actor protagónico, un líder del multilateralismo y un socio confiable para suscribir alianzas estratégicas.
El actual gobierno ha mantenido una tendencia perniciosa: interpretar los principios constitucionales de política exterior en forma selectiva, con base en criterios de afinidad ideológica, no en función de intereses nacionales.
El principio de no intervención es el más corrompido de todos. Invocándolo, México guarda silencio frente a situaciones como la violación sistemática de los derechos fundamentales en regímenes autoritarios (como Nicaragua o Venezuela) o la invasión armada e ilegal de estados soberanos (como la de Rusia a Ucrania). Pero, al mismo tiempo, el presidente ha intervenido reiteradamente en asuntos internos, incluso ha desconocido la legitimidad de gobiernos emanados de procesos constitucionales (en el caso de Perú o Bolivia).
En América Latina, la intromisión del Ejecutivo Federal en asuntos políticos ajenos ha provocado tres crisis diplomáticas en menos de cinco años, con Perú, Bolivia y Ecuador, que devinieron en la declaratoria de nuestros embajadores como como persona non grata.
Los conflictos diplomáticos han ampliado la distancia de México con países latinoamericanos y de otras regiones. Ha debilitado esquemas de cooperación como la Alianza del Pacífico. Ha deteriorado nuestro liderazgo regional, nuestra credibilidad e influencia en el mundo.
La justa protesta ante el injustificado atropello en nuestra embajada y la agresión a nuestro cuerpo diplomático es un punto no negociable que exige el respaldo unánime de los mexicanos. Pero no podemos dejar de reflexionar porqué llegamos a ese punto de ruptura. Y por qué desde el inicio de esta administración hemos abandonado décadas de una política exterior consistente y hemos estado de “picapleitos” con socios estratégicos y países aliados.
Aprovecho para expresar mi respaldo y orgullo por el Servicio Exterior Mexicano, ejemplo de profesionalismo y entrega.
PAL