COLUMNA INVITADA

La politización de la seguridad de candidatos

El desafortunado asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, confirmó que cuando la aplicación de protocolos de seguridad se retrasan y la asignación de elementos para la protección ejecutiva se politiza, el resultado puede ser adverso

OPINIÓN

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Facundo Rosas / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

El desafortunado asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, confirmó que cuando la aplicación de protocolos de seguridad se retrasan y la asignación de elementos para la protección ejecutiva se politiza, el resultado puede ser adverso.

De hecho, desde que se dieron a conocer los pasos a seguir para que un candidato tuviera la protección por parte de las autoridades federales o estatales era evidente que el tiempo entre la solicitud del servicio de seguridad hasta su materialización era muy largo y los tramos de responsabilidad muy laxos, algo que muchos candidatos y partidos políticos han considerado como burocratización.

Por increíble que parezca, al día de hoy la asignación de personal de seguridad para los candidatos a puestos de elección popular a nivel estatal y federal sigue siendo lenta y por momentos poco clara, ya que desde que se entrega la solicitud hasta que se dispone físicamente de ellos pasan más de dos días y en ese inter puede pasar cualquier cosa, como ya sucedió en Celaya.

En el caso de Puebla, recientemente se informó que “la resolución se notificará dentro de las 24 horas posteriores a la celebración de la sesión” de la mesa de coordinación y la solicitud puede ser planteada incluso a la Fiscalía General del Estado.

Parte de la confusión se genera por el hecho de que la mayoría de las solicitudes se han realizado ante el INE y éste las ha hecho llegar a la Secretaría de Gobernación federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, independientemente de que los peticionarios sean candidatos a presidencias municipales o diputados locales, cuando que la solicitud para estos candidatos debería realizarse ante el Instituto electoral del estado, de ahí turnarla a la Secretaría de Gobierno o Gobernación estatal y finalmente a la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana del gobierno del estado de que se trate. En todo caso tendría que marcarse copia de conocimiento al INE pero no retrasar más la asignación de los elementos de seguridad.

Lo anterior generó las condiciones para que partidos políticos como Morena-PT-PVEM y el propio presidente de la República sacaran raja política de tragedias como la de Celaya, cuando ellos mismos se habían quejado que la oposición había realizado algo parecido en eventos similares.

Otro aspecto que no ha sido aclarado en algunas entidades federativas es la metodología con la cual han sido elaborados los Análisis de riesgo, por lo que varios candidatos comienzan a sentirse nerviosos por la carencia del citado documento.

Por si esto no fuera suficiente, la contratación de personal al margen del protocolo, como sucedió en Celaya, solo ha venido a generar mayor confusión y de paso a contradecir a los dirigentes de Morena y el propio presidente de la República en el sentido de que Gisela Gaytán no contaba con protección alguna al momento de la agresión.

Habrá que revisar con qué facultades el candidato a senador por Morena-PT-PVEM en Guanajuato pagó con dinero de su bolsa la contratación de una mujer escolta armada y se la asignó a la malograda candidata, ya que hasta el momento ha optado por callar. 

Hasta ahora y pese a que la Fiscalía General del Estado (a cargo de Carlos Zamarripa) ha detenido a 12 personas relacionadas con los hechos, no se tiene claro el móvil del crimen, aunque todo parece apuntar a pugnas internas de Morena.

Antes de cerrar esta colaboración quisiera recordar a los candidatos a cualquier puesto de elección popular, ya sea federal, estatal o municipal, que los rondines y teléfonos de contacto para llamadas en casos de emergencia no son suficientes para garantizar su integridad y forzosamente se requiere asignar personal capacitado y adiestrado en cantidad razonable y de tiempo completo.

Pero insisto, si el personal de protección a funcionarios adscrito a las dependencias de gobierno no es suficiente para cubrir la demanda, en las empresas dedicadas a la seguridad privada hay guardias capacitados para coadyuvar en dicha función.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

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