Hay una expresión muy conocida del poeta romano Juvenal escrita en el siglo I, que perdura hasta hoy: “al pueblo, pan y circo”.
Se trata de un refrán que critica la manipulación política que busca distraer a la población con entretenimiento y beneficios superficiales, en lugar de abordar problemas fundamentales; y que se sostiene debido a la sofisticación de este acto.
El refinamiento del “pan y circo” ha llegado a tal punto que, en nuestra época, los apoyos sociales destinados a favorecer a la población más vulnerable son utilizados con fines políticos. Es común amenazar con retirar la ayuda a beneficiarios y beneficiarias si no acatan las instrucciones del poder. Unas que, usualmente, se traducen en votos y movilización.
De esta práctica surge la petición que la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, hizo la semana pasada al Instituto Electoral Nacional (INE), en la que propuso emprender una campaña informativa, con sugerencias gráficas de anuncios espectaculares en contra del condicionamiento de los programas sociales en la elección. Petición que terminó con una queja formal por parte de Morena por el uso indebido de la identidad del Instituto.
Históricamente, los partidos políticos han lucrado con los beneficios sociales. Para hacer frente a ello, en 2020, se aprobó una reforma que eleva los Programas de Bienestar a rango constitucional. Se trata de un gran avance pues, gracias a esto, dichos apoyos pasaron a ser un derecho; logrando así evadir así el uso indebido más manifiesto de ellos: la amenaza de quitarlos si no se vota por el grupo político que está el poder.
Al ser constitucionales, se procura asegurar su permanencia, sin importar la persona o el partido político que se encuentre en el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, su continuidad no es sinónimo de transparencia, pues el gobierno sigue a cargo de su distribución. Tanto es así que, según la documentación presentada en el 2023 por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, hubo un desvío de 17 mil 200 millones de pesos en el programa de adultos mayores a través de 600 mil mexicanos fantasmas.
Con la idea de combatir más a fondo el “pan y circo” – y evitar el uso indebido del logo del INE –, Alonso Tamez, candidato a senador plurinominal del PRI, ha difundido una propuesta en la que sugiere la creación de un organismo autónomo que administre los programas sociales. Iniciativa que ha dado resultados en Reino Unido, Brasil y Chile.
Contar con una instancia independiente que gestione los programas sociales permitirá que sea el estado mexicano, y no el gobierno en turno, quien administre y entregue estos apoyos.
Es una alternativa no solo para obstaculizar el control político de la ciudadanía mediante las prestaciones, sino también, para que la frase de Juvenal deje de resonar en nuestra sociedad.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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