En las universidades mexicanas el acoso sexual sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las jóvenes estudiantes.
Ninguna escuela superior se salva en este sentido, sólo que hay algunas que no reportan sus casos de abuso, pues otro de los principales problemas es el silencio de las chicas ante estas situaciones.
Pese a que cada vez es mayor el número de denuncias por acoso, principalmente de los profesores, se tienen registros de universidades que reportan el mayor número de casos en los últimos años, como son: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); las cuales, en seis años, presentaron 581 quejas por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual.
Sin embargo, en todos los casos se registraron lagunas como falta de seguimiento, sanciones laxas, revictimización e incluso el silencio de las universidades con tal de mantener el prestigio, aseguran especialistas.
Otros datos aseguran que de 2017 a 2022 se registraron 550 quejas de abuso, acoso sexual y penetración sin consentimiento explícito, ocurridas dentro de instalaciones de la UNAM.
Sin embargo, son pocas las escuelas que en la actualidad cuentan con protocolos de actuación sobre qué hacer ante estos casos y cómo sancionarlos.
También, conocemos poco de las sanciones a las que han sido acreedores los docentes denunciados o lo que ha pasado con las estudiantes que fueron agredidas. Las autoridades universitarias, en la mayoría de los casos, quedan debiendo en materia de justicia. Y si esto pasa a nivel universitario, ¿qué no pasará en los niveles básicos, en los que el silencio de las pequeñas alumnas es aún mayor?
Urge un protocolo general que rija a escuelas públicas y privadas, en todos sus niveles, en materia de cualquier tipo de abuso en contra de alumnas y alumnos, a fin de eliminar este tipo de actuaciones y promover la denuncia en cualquiera de los casos.
Además, es necesario que las sanciones se apliquen, y que los docentes que incurran en estos actos sean cesados de sus funciones, así como obligados a recibir tratamientos psicológicos.
A las alumnas urge escucharlas y brindarles la confianza para que no se silencien ante este tipo de agresiones, pues de lo contrario seguirán sucediendo.
Y a las autoridades, que cumplan con la protección de sus comunidades escolares y les den la seguridad de contar con una educación sana y libre de violencia.
POR KARINA ÁLVAREZ
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