El reconocimiento del servicio público de energía eléctrica y el internet como un Derecho Humano establece la responsabilidad y obligación del Estado de proporcionarlos a la población a través de una empresa pública sin estar sujeto a los vaivenes del mercado y las condiciones mercantiles de rentabilidad y lucro, así lo manifestó Rafael Ismael Matéu Lazcano, consejero independiente de la filial de CFE Calificados, S.A. de C.V., durante su intervención en el Foro Estatal “Industrias Estratégicas del Estado” que se llevó a cabo en Tabasco por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Preciso que, a diferencia de una empresa productiva del Estado con rentabilidad económica, una empresa pública del Estado prestaría el servicio de electricidad con un enfoque social, haciendo un reconocimiento de los elementos y particularidades que dieron origen a las problemáticas regionales, tales como la pobreza, el rezago de infraestructura, la inseguridad, los fenómenos naturales y las políticas gubernamentales insuficientes.
El consejero independiente de la CFE, señaló que la reforma constitucional de 2013, abrió las puertas a los particulares para instalar sistemas de generación y empresas en el proceso de comercialización para atender principalmente a grandes consumidores; dejando la responsabilidad a la CFE de atender a los clientes de menor consumo que representan más de 99 por ciento del total de usuarios; así como del funcionamiento y mantenimiento de la transmisión y distribución del suministro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); sin embargo, se obstaculizaron sus actividades de generación al dar preferencia a la adquisición de energía de los privados.
En este ejercicio de Parlamento Abierto del H. Congreso de la Unión, Matéu Lazcano, señaló que el proyecto de iniciativa de reformas del Poder Ejecutivo Federal para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de industrias estratégicas del Estado, contiene propuestas en materia de control y planeación del SEN para fortalecer la seguridad energética, programar el crecimiento de la infraestructura donde fuera necesario, con base en las necesidades del desarrollo del país, la incorporación eficiente de fuentes renovables y el apoyo de la iniciativa privada en todos los niveles, ofreciendo las mejores condiciones de bienestar a la población y a las actividades productivas.
Por su parte, María Rocío Vargas Suárez, consejera independiente de la Comisión Federal de Electricidad, coincidió en que la planeación y control del SEN son los garantes de la seguridad energética, centrando su ponencia en el artículo 28 constitucional que se refiere a que la planeación está vinculada en términos de la industria eléctrica mexicana con la seguridad energética, la soberanía y la seguridad nacional.
Adolfo Emilio Bullé-Goyri Brown, consultor energético, en su oportunidad coincidió también que la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal busca resolver un tema de seguridad y soberanía energética, haciendo hincapié que los mexicanos quieren una reforma que se refleje en sus bolsillos.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
@MANUEL_RDGN
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