Al abrir la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, usted encontrará un vínculo al “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia” que cubre el periodo 15 de febrero al 1 de marzo de este año. En la misma página web se define a la CNDH cómo “un organismo público autónomo del Estado mexicano…”
El informe anuncia la creación de “un mecanismo institucional para que las campañas se den en los márgenes de la ley y los derechos humanos...” y busca explicar que ese trabajo no es una distracción de sus funciones sustantivas. Llama la atención que el informe considere que durante febrero se hayan producido “expresiones” de violencia política, de aspirantes y de los medios que reproducen sus discursos.
Bastaría argumentar que la libertad de expresión es un derecho que debiera ser custodiado por la CNDH, pero el Informe cuestiona específicamente el discurso de Lorenzo Córdova en la concentración del pasado 18 de febrero y califica sus contenidos de “racistas y clasistas”, además de impulsar “campañas negras o guerras sucias”.
Con la misma tónica se critican hashtags en las redes sociales, reportajes de Latinus, editoriales de la revista Siempre! y declaraciones del expresidente Vicente Fox. Una vez más, llama la atención que se olvide la libertad de expresión, particularmente en materia política y en medio de un proceso electoral. Pero resulta peor que el informe de un organismo público del Estado critique los comentarios de la candidata Xóchitl Gálvez sobre la filtración de su número telefónico.
Lo mismo ocurre cuando se comentan los discursos de inicio de campaña de las tres candidaturas presidenciales. Sobre Claudia Sheinbaum, se elogia que fue el único discurso que hizo referencia a los derechos humanos, destaca sus 100 propuestas iniciales y no menciona crítica alguna; sobre Xóchitl Gálvez se critica el sesgo en el manejo de su información, las referencias críticas a Claudia Sheinbaum y el contenido de sus propuestas sobre seguridad; sobre Jorge Álvarez Máynez, se critican las acusaciones a las dos candidatas.
La CNDH olvida que es una institución del Estado mexicano y que tiene acotadas sus funciones en materia electoral; que el INE, el Tribunal Electoral y la legislación vigente, contienen recursos jurídicos para resolver controversias sobre los contenidos de las campañas y que, por encima de sus observaciones, debe prevalecer la libertad de expresión de los actores y en especial de los medios de comunicación.
Pero, sobre todo, se olvida de la imparcialidad que debe caracterizar su análisis y su falta de competencia para interferir en el proceso electoral. A lo largo del Primer Informe de la CNDH (ojalá fuera el último), no se hace referencia a ningún fundamento legal para emitir este tipo de informes y se convierte en un elemento de inequidad en la competencia electoral. ¿Habrá reacción de los partidos políticos y del INE?
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
MAAZ