Hace medio siglo, Pierre Bourdieu, destacado sociólogo francés, cuestionaba si la opinión pública es una entidad homogénea en la que todos pueden participar de manera igualitaria. Este cuestionamiento mantiene su relevancia en las democracias contemporáneas, pues la opinión pública desempeña un papel central al reconocer que la ciudadanía tiene una voz que debe ser escuchada.
El 1 de marzo marca el inicio de las campañas, un momento crucial para que los ciudadanos obtengan información relevante para forjarse una opinión y poder ejercer su voto de manera informada y responsable. Sin embargo, recientemente, expertos en la Cumbre Global sobre Desinformación reconocieron que, en los países latinoamericanos, las fake news crecen durante los procesos electorales, socavando la democracia, al manipular la opinión pública, engañar a los electores y acentuar la polarización, impactando en la integridad electoral.
Sin duda, es posible implementar estrategias para mitigar la propagación de estas fake news. Sin embargo, la principal estrategia debe ser propiciar que los actores que se encuentran en el foco mediático se apeguen a las reglas. Las fake news y la desinformación en el marco de un proceso electoral ha sido un tema de atención para distintas autoridades.
De hecho, el Tribunal Electoral, en la contienda presidencial pasada, conoció de un asunto en el que se difundió un video en el que el entonces precandidato del PAN supuestamente se retiraba de la contienda y daba su respaldo al entonces precandidato del PRI. Aunque de la situación no se desprendió una cascada de desinformación ni terminó afectando el derecho de la ciudadanía a votar de forma libre e informada, lo cierto es que el suceso prendió alertas sobre los alcances de la manipulación de noticias para influir en el voto de la ciudadanía.
El marco jurídico mexicano prevé algunas garantías para impedir escenarios como el antes relatado. Por ejemplo, posibilita al Tribunal Electoral para sancionar hechos o expresiones en los que se configure la figura de calumnia electoral: difundir noticias con imputaciones directas sobre hechos falsos, por parte de partidos políticos o personas candidatas, con impacto en el proceso electoral, a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar.
En cualquier democracia, las autoridades deben encontrar un balance que, por un lado, maximice la libertad de expresión y, por el otro, garantice que la ciudadanía pueda escoger a sus gobernantes con base en información veraz y completa. No se debe cruzar el umbral de la censura pero tampoco transferir a las y los votantes la responsabilidad de autorregularse y saber discriminar la información que se les presenta.
Ahora, una opinión no puede calificarse como verdadera o falsa. Ello no está en tela de juicio. Lo que sí se puede calificar, y eventualmente caer en la categoría de legal o ilegal, es la propagación de información, por parte de partidos y personas candidatas, cuando tienen conocimiento de que lo que comunican es, en el mejor de los casos, inexacto.
Sin duda, en el contexto mexicano, el Tribunal Electoral seguirá conociendo casos novedosos que requerirán una reflexión importante para preservar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a votar de forma libre e informada; y sus sentencias serán un reflejo de qué se tolera y qué no en una democracia.
POR REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
@ReyesRdzM
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