De octubre a febrero, se han registrado 29 homicidios de personas dedicadas a la política o al servicio público de alguna manera vinculadas al proceso electoral encaminado a la jornada del próximo 2 de junio.
El promedio de ese periodo, de un homicidio cada cinco días, es bajo si se toman en cuenta las cifras de periodos electorales recientes, pero alto si aspiramos a elecciones sin violencia, como debe ser.
Ya se registró un decremento importante en el proceso 2020-2021 respecto del anterior. En el primero, las personas asesinadas, entre ellas aspirantes o candidatos, familiares de estos y servidores públicos sin militancia partidista fueron 265, dato que ciertamente representa la mitad de las 523 víctimas del proceso previo (2018).
Ambas cifras son altas, porque todas lo son cuando se trata de homicidios, pero desde cualquier perspectiva hubo una importante reducción en este índice de violencia (Cifras de Violencia política en México 2018 y 2021, Consultora Etellekt).
Hay que extremar medidas de prevención y protección en marzo, mes en que suele registrarse un incremento en los homicidios en periodos electorales, acaso por arrancar formalmente las campañas.
Por ahora la evolución en estos registros, basada en información publicada en medios, es la siguiente; en octubre hubo siete homicidios; en noviembre y diciembre, uno por mes; nueve en enero y 12 en febrero. Aunque con cifras inferiores, se repite el patrón de incremento en los primeros meses del año rumbo a la elección.
Por ahora, en 19 entidades (60 por ciento) no se ha registrado ningún homicidio vinculado al proceso electoral, entre ellas, todas las del norte, algunas del centro y las del sureste.
Chiapas tiene cinco homicidios; Guerrero y Veracruz, cuatro; Michoacán y Zacatecas, tres; Colima, Edomex y Jalisco, dos; y Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Puebla, uno.
El partido con más víctimas es Morena, con 12 (40 por ciento); le siguen PAN, cuatro; PRI y MC, tres cada uno; PRD, dos; y PVEM, uno.
Destaca un hecho relevante: 13 de las víctimas aspiraban a un cargo de elección popular, 10 de ellas a cargos locales y 3 a responsabilidades federales.
De las otras 16 víctimas, todas se desempeñaban o habían trabajado en el ámbito local, como un presidente municipal en funciones y tres exalcaldes, un magistrado electoral, dos regidores, un secretario de ayuntamiento, un secretario de seguridad municipal, dos dirigentes partidistas locales, dos encuestadores de Morena, entre otros servidores públicos.
Destaca también el caso de un coordinador de encuestadores de Morena, que desde octubre permanece en calidad de desaparecido.
La violencia política electoral es un fenómeno complejo y de múltiples aristas, pero reconocerlo no implica renunciar a una aspiración crucial y un derecho esencial de un Estado democrático, que puede y debe plantearse el objetivo de elegir sin violencia, esto es, lograr procesos electorales libres, equitativos y pacíficos en su más amplio sentido.
POR MAURICIO FARAH
@MFARAHG
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
EEZ