En su libro Estado de Emergencia (De la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto), el autor Carlos Fazio terminó el texto con un análisis de la masacre de Ayotzinapa, que derivó en la siguiente conclusión: “Fue el Estado”. La frase final del libro reza así: “Como había pensado Norberto Elias para la Alemania nazi en 1935, en Iguala las “fuerzas del orden” se habían dado la mano con las “fuerzas del crimen”, no como una “crisis política” o “institucional”, sino como una crisis civilizatoria. Es decir, ahí donde la única ley conmensurable es la “ley del más fuerte”, y todas las mediaciones que podrían inhibir a esta “ley” han desaparecido. México había ingresado a una crisis civilizatoria.”
En 2018 Andrés Manuel López Obrador ofreció terminar con la pesadilla que representaba la desaparición de alumnos de Ayotzinapa, si la voluntad popular le favorecía. La voluntad popular le favoreció y ha ejercido el poder durante seis largos años. Su sexenio está a seis meses de concluir.
Y, podemos afirmar, sin faltar a la verdad, que no sólo no resolvió el asunto de Ayotzinapa, sino que ha profundizado la crisis que representa, y, por ende, ha profundizado la relación entre fuerzas del orden y fuerzas criminales que Fazio describe magistralmente.
En el sexenio de López Obrador se tuvo, como política de Estado, la consolidación de un acuerdo entre las “fuerzas del orden” con las “fuerzas del crimen”, llamado popularmente “abrazos, no balazos”. Siguiendo mecánicamente el razonamiento de Fazio, diríamos que las fuerzas liberales introdujeron a México en la ruta de la crisis civilizatoria, mientras la izquierda se instaló en el poder para consolidar e institucionalizar ese acuerdo entre el Estado mexicano y el crimen organizado.
Hoy el crimen ya opera como una fuerza política decidida a actuar dentro y fuera de los marcos institucionales de la política. Y, para ello, se le ha dado permiso implícito, desde las más altas esferas del poder político.
Esa autorización para actuar al crimen organizado no se da en un vacío: fue otorgado en el proceso de la transformación, eso sí, del poder político en México hacia un ente militarizado, donde quienes gobiernan lo hacen con armas en sus manos. Esa es, en esencia, la transformación que quiere imponer López Obrador en México. No es una transformación democrática, sino armada.
Ni Calderón ni Peña Nieto concebían ir tan lejos, y no estaban dispuestos a subvertir el orden constitucional, porque concebían sus acciones como una táctica para defender el Estado de derecho. En cambio, lo que López Obrador hace es con una visión estratégica para subvertir el orden constitucional.
En Sinaloa, el cártel hace pruebas de laboratorio, secuestrando a familias en masa, para probar la respuesta del Estado, en anticipación de su intervención en las elecciones a escasos dos meses de distancia. Ese secuestro colectivo tiene sentido para las intenciones electorales del narco en Sinaloa.
Es un ensayo a través del cual el cártel estudia cómo reacciona el Estado y sus fuerzas de seguridad ante un caso generalizado de intervención para imponer sus candidatos en todos los puestos de elección popular: senadores, diputados y autoridades locales. Recordemos la intervención decisiva del cártel en las elecciones del 2018 y 2021 para colocar al gobernador en su silla, con secuestros colectivos, robo de urnas e intimidación a electores.
Lo mismo sucede en Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otros estados. En los años ochenta, el Estado controlaba y dirigía al narcotráfico, repartía rutas y cobraba cuotas, a través de Bartlett. A partir de Salinas, y hasta Peña Nieto, la relación era de conflicto y de contención parcial, con intermitencias de negociación, bajo la guía y lógica de García Luna.
A partir de este sexenio, el modelo es de tolerancia con libertad para la ocupación territorial del cártel, con acuerdos y división de rutas, sin reacción ni control por parte del Estado. Hoy el modelo es dirigido directamente por el Presidente y su familia. De ahí tanta “visita de trabajo” a Badiraguato.
En cada etapa de la historia reciente, prevalecía la corrupción, como valor presente. Lo relevante de nuestro caso es que tuvo que llegar la izquierda al poder en México para dar el viraje decisivo hacia el modelo de cogobierno entre el Estado y su adversario natural, las fuerzas antiestatales que proponen destruir el Estado para su beneficio.
El crimen ha aprendido rápidamente que puede colonizar al Estado para su beneficio. De lograr ese objetivo, es muy posible que la próxima Legislatura tenga una fracción parlamentaria representativa del narcotráfico. Para lograr este objetivo, ha sido necesario distraer al Ejército mexicano de su papel constitucional como defensor del Estado contra la subversión.
La izquierda mexicana propone crear un nuevo orden constitucional (que llama crípticamente “el segundo piso de la transformación”) construido sobre la base de un pacto de gobernanza entre el narcotráfico, las fuerzas armadas y los remanentes de algún vestigio de clase política suficientemente orgánico como para representar a los intereses de una nueva clase empresarial, encabezada por la famiglia López Obrador.
En ese esquema, Sheinbaum es una figura ceremonial, sin ejercer el poder real. ¿Por dónde va, entonces, la crisis civilizatoria a que hace referencia Fazio? En realidad no hay tal crisis civilizatoria, si partimos del principio de que todo acuerdo constitucional puede desecharse, y sustituirlo por uno nuevo, incluso incluyendo el narcotráfico como uno de sus pilares.
Claro, la lógica del crimen en el poder es el caos, en tanto fuerza naturalmente contraria al orden y los controles. El narcotráfico es la parte psicótica de la conducta humana. Pero la izquierda mexicana reivindica esa parte como “humana y, por tanto, aceptable como acompañante”.
El acuerdo es, en última instancia, una consecuencia lógica de la política de “abrazos, no balazos”. El crecimiento exponencial de la ocupación criminal de territorios es debido a la libertad de movimiento que se les ha permitido, dentro de la estrategia de no tener confrontaciones entre fuerzas del orden y las fuerzas del crimen, bajo una lógica “pacifista”.
La colaboración ha ido más allá de coyunturas específicas que facilitan al Estado el control de zonas o rutas, como sucedía anteriormente. Hoy la colaboración se ha desbalanceado estratégicamente a favor del factor criminal, permitiendo que se “transforme” en un actor político relevante.
Una pieza central del segundo piso de la 4T es la eliminación de los contrapesos institucionales al poder presidencial. Su idea es ocupar totalmente el Poder Legislativo con sus actores (de Morena y del narcotráfico), demoler el Poder Judicial y eliminar todos los órganos autónomos que hacen las veces de vigilantes y correctores de los desvíos del Poder Ejecutivo.
De seguir las cosas como van, Morena podrá registrar candidatos ligados al crimen organizado en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Sonora.
Será un bloque parlamentario con enorme poder económico y político, suficiente para asegurar que el segundo piso de la 4T deseche el actual acuerdo constitucional, y lo cambie por uno que le convenga a las nuevas fuerzas dominantes en la estructura de poder político en México.
En ese nuevo segundo piso de la transformación que propone AMLO y la 4T, no habrá más investigación sobre Ayotzinapa ni sobre ningún incidente que se le parezca en el futuro. El acto criminal será la norma, no la excepción. Será un nuevo orden constitucional subversivo que dominará el futuro de México, tripulado por un ente que se dice de “izquierda” ligado al crimen y las armas del Estado. Dirán que no es un Estado fallido porque se regirá por una nueva Constitución.
Que nadie se llame a sorpresa.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ