Ante la apertura y la libertad de expresión que conllevan las Redes Sociales y Medios Digitales, en los Estados Unidos se ha desatado en las últimas semanas, la discusión de si se debe o no restringir el uso de dispositivos y redes sociales para menores de edad.
Florida ha sido el estado insignia en el tema, al presentar un proyecto de ley que prohíbe las cuentas en Redes Sociales, para menores de 14 años, y requiere el permiso de los padres para los de dicha edad.
Esta iniciativa que entraría en vigor en enero de 2025, se fundamenta en que un niño no tiene la capacidad cerebral, de saber que está siendo absorbido por las tecnologías adictivas, y ver el daño y por lo mismo decidir alejarse de ellas; por lo que las autoridades tienen que intervenir en el tema.
En Arkansas, un juez federal bloqueó la aplicación de una ley, que exigía el consentimiento de los padres para que los menores creen nuevas cuentas en Redes Sociales.
Existe oposición con relación a reglamentar el uso de redes sociales, y plataformas digitales, por menores, ya que hay legisladores que consideran inconstitucional, y que las autoridades no deberían intervenir en las decisiones que los padres tomen sobre sus hijos.
En México estamos a años luz de poder pensar en una legislación o procedimientos, para regular el uso de Redes Sociales, o Plataformas Digitales, ante la inoperancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el gran rezago que en materia de nuevas tecnologías y telecomunicaciones, tiene el Congreso de la Unión.
Es lamentable el retroceso, y desinterés que manifiestan las autoridades, ante una evolución digital que nos rebasa día a día, y más allá de respetar o no la libertad de expresión o el derecho a la información, el uso de las nuevas tecnologías debería tener claridad jurídica, y autoridades competentes que cumplan con respetar y hacer valer el marco jurídico.
X: @FERNANDO_MORAG
- MAESTRO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA.
- PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
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