Las campañas políticas en curso y las que están por empezar en los estados que van a elecciones el próximo 2 de junio, están sometidas a una presión desmedida para evitar la discusión de los grandes temas del país.
La presión se ejerce desde el poder a través de la narrativa presidencial que, pese a las tibias observaciones de las autoridades electorales, cada mañana induce la conversación con injerencias indebidas. También, ejerce presión el silencio y el sesgo informativo de los grandes medios de comunicación, hoy mayoritariamente plegados al poder. Finalmente, desde el acotado diseño de los debates en los procesos electorales que, lejos de favorecer, limitan la posibilidad de una exposición más amplia de los asuntos públicos.
Lo anterior es un contrasentido, toda vez las campañas políticas son una gran oportunidad para el escrutinio de aspirantes, plataformas, propuestas, gobiernos y dilemas electorales. Sin embargo, sabemos que no es así, la censura política y mediática impone o cancela los temas que dominan la conversación política, la falta de mecanismos efectivos de contrapeso o réplica informativa configuran estados de excepción.
En medio de este cerco informático, hay una ventana de oportunidad en las redes sociales, que se han convertido en el respirador automático de una democracia que lucha por sobrevivir en busca alternativas de cambio y de nuevos rumbos para el país y las entidades inmersas en el proceso de pectoral.
La inseguridad y violencia ha desbordado a las autoridades y amenaza la vida, el patrimonio y la seguridad de la población. Cada día vemos masacres y ejecuciones, acompañadas de un sinnúmero de delitos, que ponen en jaque las actividades ordinarias y la economía de las familias y comunidades.
La expansión del crimen organizado abarca regiones enteras y controla cadenas productivas en todos los sectores. Mención especial merece la violencia política, que ya perfile a este proceso electoral, como uno de ellos más violentos.
Las respuestas de la autoridad van de la negación a la complicidad criminal y de la insolencia a la indolencia inhumana e irresponsable. “Son cosas que suceden”, declaró el gobernador de Sinaloa ante el secuestro masivo de decenas de personas, incluidos menores, a manos de civiles armados.
“Pudo ser peor”, han dicho los responsables de la seguridad ante cientos de sucesos dramáticos. Asombra e indigna el estado de postración y claudicación de quienes tienen, por mandato constitucional, la altísima responsabilidad de velar por la seguridad, el bien y la prosperidad de la nación.
Lo mismo sucede con la devastación del sistema de salud, no hay médicos ni medicamentos para atender las necesidades de los enfermos y sus familias. La cancelación del seguro popular, la destrucción de los programas de vacunación, la eliminación de los fondos para atender enfermedades catastróficas, la disminución del presupuesto para la salud y el desmantelamiento del surtimiento de medicamentos, ha puesto en crisis la política pública de salud con costo a la vida y al dolor de los que sufren enfermedades graves y prevenibles.
Ante esta omisión criminal no podemos ni debemos callar. Debemos insistir una y otra vez en el cambio de estrategia de seguridad, en garantizar la legalidad y seguridad del proceso electoral, en la cobertura equitativa de los procesos y el compromiso de los medios con la verdad, así como en la ampliación de los debates electorales, todo esto es condición indispensable para aspirar a un cambio de rumbo en democracia y libertad.
POR MARCO ADAME
Analista y Consultor Político
MAAZ