“Si la libertad filosófica consiste en el ejercicio de la voluntad propia... La libertad política consiste en la seguridad...”. Barón de Montesquieu: “El espíritu de las leyes”, XII, 2, 1748.
En otro pasaje de la obra cumbre sobre la división de poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) este noble preocupado por la organización del Estado, y en particular por el nexo gobierno-sociedad, señala: “... para que exista la libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro”. Neutralidad en el ejercicio del poder y la aplicación de las leyes sin sesgo alguno, más allá de la ideología y por encima de intereses coyunturales. Y sobre todo, garantías de que a ningún ciudadano o asociación de ellos se le permita amedrentar, vejar, exaccionar o lastimar a terceros. Interesante sin duda la afirmación de que estos tipos concretos de libertad se definen como ejercicios, es decir prácticas, pero además por la opinión que tenga el interesado de su voluntad y de su seguridad.
Aquí entramos en el espinoso tema de las representaciones, lo que se nos figura son los objetos y los procesos, y en el no menos complejo ámbito de las percepciones, la interpretación que hacemos de nuestras sensaciones. En ambos casos se presenta a debate lo real y la realidad, mejor aún en plural, las realidades. De modo que “lo que es” depende de la mirada de quien emite un punto de vista, ni más ni menos, así de frágil. De modo tal que, dado que cada uno de nosotros cuenta con su propia opinión, resulta imperativo disponer de un referente que se califique de objetivo; y este papel crucial está consagrado en las leyes, que por su naturaleza son generales, heterónomas y obligatorias. Van más allá de nuestra voluntad, se aplican a todos aquellos que se encuentren en la hipótesis de la norma jurídica y su cumplimiento es imperativo hasta la coerción si fuera necesario. Habría hasta aquí una convicción positivista en el entendido de que “todos somos iguales ante la ley y los tribunales”, lo cual no es cierto si atendemos al sentido común y las evidencias cotidianas del quehacer de los poderes ejecutivos (Federal, Estatal y Municipal) y de la operación de los juzgados.
Estas diferencias en el funcionamiento de las instituciones demandan brindar protección a los particulares, de allí la trascendencia de que el poder rinda cuentas y esté sujeto al escrutinio público, más allá de las invocaciones retóricas a la transparencia, pues recordemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En consecuencia, el hecho mismo de contar con organismos autónomos constitucionales, lo que significa literalmente colectivos de especialidad que no se sujetan a los designios de los gobernantes, los legisladores y los jueces, ministros y magistrados, es una de las mínimas condiciones de salvaguarda de los intereses de la sociedad y sus miembros. Por supuesto que en el diseño de dichos instrumentos se han cometido excesos en la asignación de facultades y competencias, generando una paradoja inquietante: la de que ahora algunos de ellos son reacios a explicar a su origen y destino que es la sociedad, el porqué de lo que hacen, de cómo lo hacen y de sus resultados. Por si fuera poco, varios no deberían de existir siquiera.
Del Presidente de la República al más modesto alcalde, de los tribunales más humildes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los cabildos y los congresos locales hasta las cámaras federales de diputados y senadores, nos deben un sinfín de explicaciones, amén de sujetarse a rajatabla a lo que las leyes establecen. El espectáculo que los poderosos nos ofrecen cotidianamente muestra una impunidad absoluta, la rebatinga por los privilegios y una corrupción que ha alcanzado niveles inconcebibles de cinismo.
El pasado no fue mejor, sin embargo, el presente no desmerece, mantiene la misma desfachatez, arrogancia y autoritarismo. Y el futuro no siempre es ocasión de la esperanza.
POR LUIS IGNACIO SÁINZ
COLABORADOR
SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM
PAL