A estas alturas del actual gobierno nadie puede dudar que las promesas con las que el Presidente ganó la contienda electoral en 2018 no las cumplió. En muchos casos, incluso, realizó justo lo contrario: prometió devolver al ejército a los cuarteles y deja al país con el mayor grado de militarización en ámbitos públicos de la historia; prometió ser implacable contra la corrupción y termina su gestión con una de las mayores caudas de desvíos y operaciones sospechosas de la etapa de la transición; ofreció transparencia, y deja opacidad; prometió seguridad, deja un país lleno de dolor, lágrimas y sangre.
En el ámbito de la atención a las víctimas de la inseguridad, alimentó su liderazgo a través de enarbolar la bandera de la verdad y la justicia. En los hechos, ha traicionado la palabra empeñada y sus compromisos específicos con colectivos y grupos de víctimas, particularmente con las familias de víctimas de desaparición y los padres de los alumnos de Ayotzinapa.
En el caso de los desaparecidos, la traición se ha traducido en acciones inopinadas en virtud de las cuales se privilegia, como siempre, la imagen presidencial y se buscan objetivos de orden electoral.
Solo bajo esa lógica se puede explicar que lejos de atender las exigencias de dar más apoyos a las madres buscadoras y de poner al estado mexicano al servicio de la causa de localizar a las decenas de miles de víctimas que se han acumulado a través de las décadas, este “gobierno” haya optado por realizar un censo de desapariciones - utilizando a los llamados “Siervos de la Nación” para realizar un registro que es de naturaleza policial- con el resultado de “borrar” de esta lista a más de 15 mil personas del número oficial de 110 mil cuyo paradero no es localizable, cifra que revela una realidad desgarradora que no puede ser ignorada.
Al mismo tiempo, se realizó un despido masivo en la Comisión Nacional de Búsqueda, empezando por la renuncia de su anterior titular, señalando que su partida era “en virtud de los contextos actuales” y prescindiendo de los recursos técnicos necesarios para las funciones especializadas que debe realizar dicha instancia.
Además de ello, el presidente no ha ocultado su falta de empatía con la causa de las madres buscadoras. Esas valientes mujeres que día a día enfrentan las inclemencias del tiempo, la violencia del crimen organizado y ahora, también la indiferencia de quien debería apoyarlas. Un caso emblemático es el de la Señora Cecilia Flores, quien ha buscado por diversos medios el reunirse con él y a cuyas solicitudes solo ha encontrado un muro retórico y desdén burlón. Y se hacen llamar humanistas.
En el caso de los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tal parece que se ha decidido suscribir la denominada “verdad histórica” delineada en rasgos generales por el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien por cierto, más allá de filias o fobias, es preso político de este régimen. Todo lo anterior con el añadido de una víctima mortal más a manos de la policía del estado: ahora el pase de lista de Epigmenio deberá llegar a 44 si pretende ser genuino.
Ante este desolador panorama, estamos obligados a reflexionar sobre el futuro que le aguarda a nuestro país en ámbitos tan críticos como la atención a víctimas y ofendidos cuando estos se cuentan por millones. El país padece una muy profunda herida y esta no podrá iniciar su curación si no se advierte un cambio en el ámbito de la justicia y los enfoques reparatorios que urge habilitar.
El dolor que se vive todos los días en millones de hogares merece una respuesta seria y comprometida de las autoridades de todos los niveles. En esta respuesta sale sobrando el chantaje y la impostura tan característicos de López Obrador y su movimiento. Es momento de que la realidad se abra paso por encima de los “otros datos”, la postverdad y el falso victimismo.
Es momento de buscar la reconciliación nacional que solo podrá darse satisfaciendo las necesidades de justicia y reconocimiento que este “gobierno” negó sin mostrarse dispuesto a corregir el camino. No a la continuidad de la arrogancia y el desdén.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
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