La semana pasada, las Fuerzas Armadas (FFAA) de Argentina desplegaron una operación por todos los medios (cielo, mar y tierra), con el objetivo de incrementar su presencia en la ciudad de Rosario, que ha sido azotada por la narcoviolencia.
Este despliegue se realizó a la par, mientras el Ministro de Defensa y la Ministra de Seguridad anunciaban conjuntamente una serie de medidas legislativas para modificar el marco legal y reforzar la capacidad para efectuar operaciones de seguridad con miembros y medios del organismo militar.
Ese país sudamericano era uno de los últimos territorios en resistir el emplear a su personal militar para acciones de seguridad interior.
La actual resistencia argentina para ocupar a las fuerzas militares en labores de seguridad interior, que en nuestra nación –México–, y en la mayor parte del resto del continente se perciben como "tradicionales", se debe a un pasado reciente de represión que estuvo ligado a la defunta dictadura, pero cuya esencia continúa presente como una especie de fantasma.
La necesidad operativa alcanzó y superó al espíritu de la dictadura.
Es importante destacar que Argentina con ello se suma a una corriente hemisférica que comenzó con México y que se intensificó a partir de 2006, y parece ir recorriendo el continente como una especie de plaga.
Asimismo, la doctrina militar occidental predica –en general– que las Fuerzas Armadas deben de ser reservadas únicamente para labores de defensa nacional.
Lamentablemente, este concepto, sin embargo, ha tenido que evolucionar en el contexto latinoamericano para (intentar) garantizar que los Estados del continente tengan las herramientas mínimas necesarias para proteger a sus poblaciones, no de un Ejército extranjero, sino de una epidemia de
narcoviolencia.
La idea de ignorar a las organizaciones criminales, o bien "dejarlas operar en paz", con abrazos y sin balazos, pensando idealistamente que con ello se despresurizará la violencia callejera ya se comprobó es una hipótesis que no funciona.
Aunque puede haber algunos analistas más cínicos, que interpreten este idealismo como contubernio o complicidad criminal.
No obstante, desafortunadamente el empleo de toda la fuerza del Estado es la única alternativa viable en el corto plazo para llevar a cabo cambios significativos en la materia.
Lo peligroso es que este "plazo momentáneo" se convierta en décadas y con ello, se erosionen los avances democráticos y de derechos civiles y humanos que tanto trabajo le ha costado a la región.
El dilema de la seguridad radica en la búsqueda de un balance entre aplicación de la fuerza, la justicia y los derechos humanos (DDHH), entendiendo que son tres columnas intrínsecas.
El regresar a los militares a los cuarteles en la región de América Latina no es una opción, por lo menos, no en el corto plazo.
El desafío para los gobernantes –y desde luego para las dos candidatas en México– es diseñar y aplicar políticas que contemplen el empleo adecuado de la fuerza en un contexto que es cada vez más complicado, pero que sin lugar a duda demanda su aplicación.
POR IÑIGO GUEVARA MOYANO
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C.
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