El gobernador de Texas, Greg Abbott, libra una batalla con el gobierno de Biden, contra la comunidad hispana de su estado (39 por ciento de su población) y los migrantes.
En 2021 lanzó el programa Estrella Solitaria o Lone Star, financiado con 11 mil millones de dólares, con medidas crueles como las boyas en el río Bravo. Texas se niega a cumplir convenciones internacionales al enfatizar la singularidad del estado y tiene constante roce con el gobierno federal de EU.
¿Cómo explicar estas medidas racistas dónde la población hispana y mexicoamericana crece día a día? Quizás precisamente por ello. Por miedo y rechazo a reconocer su creciente importancia y el cambio político y cultural que ello significa.
Ya en 2017, Abbott promovió una ley antiinmigrante impugnada en cortes. Su gobierno se opuso a la continuidad de la protección a los Dreamers o soñadores.
En noviembre de 2023 firmó la ley SB4 aprobada por el congreso estatal, controlado por los republicanos, que tipifica como crimen estatal el “ingreso ilegal” a territorio texano entre puertos de entrada y establece mecanismos de retorno voluntario y deportación, así como penalidades subsecuentes por “re-ingreso ilegal” que implicarían hasta 20 años de cárcel, ejecutadas por autoridades estatales.
La ley es discriminatoria, racista, xenófoba en contra de migrantes y de la población mexicana, al favorecer el perfilamiento racial de las minorías.
Su aplicación está suspendida temporalmente tras una decisión del 5º Circuito de la Corte de Apelaciones de EU (conservador) en tanto se considera el fondo del asunto. Seguramente la Suprema Corte de EU tomará la decisión final.
El Departamento de Justicia de EU, junto con la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), impugnó la ley texana como anticonstitucional.
Texas arguye una “invasión” y ante ello, pretende establecer leyes y mecanismos contra la migración “ilegal”. El gobierno federal refuta el argumento y dice que el aumento de la migración no configura una invasión y que la legislación texana invade las competencias federales.
El gobierno de Biden y ACLU replican que corresponde sólo al Congreso federal adoptar la legislación migratoria y al gobierno federal implementarla, no a los gobiernos estatales.
El gobierno de México presentó un escrito de “amigo de la Corte” o amicus curiae que enfatiza el carácter discriminatorio de la ley y refuerza la posición del gobierno federal de EU, al argumentar que no aceptará ni negociará medidas adoptadas por los estados, ni recibirá a los migrantes retornados voluntariamente o vía deportación.
Sin embargo, parece ausente la cooperación con ACLU, las principales organizaciones mexicoamericanas como UnidosUS, MALDEF, LULAC y los congresistas mexicoamericanos que encabezan la batalla en contra de la ley. Esperemos que los consulados sí lo hagan.
El caso puede durar años y sentar graves precedentes para México y los mexicanos en EU.
POR MARTHA BÁRCENA
EMBAJADORA EMINENTE
@MARTHA_BARCENA
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