En México, el dolor de miles de familias se agrava por la indiferencia y las acciones de un gobierno que parece decidido a borrar la tragedia de las personas desaparecidas del panorama nacional. La administración de López Obrador, en un intento por manipular la percepción pública y mejorar su imagen, ha emprendido acciones que no solo invisibilizan el sufrimiento de incontables familias, sino que además revictimizan a aquellos que han perdido todo.
Hace unos meses, el gobierno federal anunció un nuevo "censo" de personas desaparecidas, cruzando los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con los de otras instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este ejercicio, lejos de ser un esfuerzo por esclarecer y resolver la crisis, resultó en la desaparición de registros de miles de personas. Algunas de ellas "aparecieron" mágicamente, mientras que otros miles de registros simplemente se esfumaron. Esta acción, elimina de facto a las personas desaparecidas, esta vez de nuestra memoria colectiva y el reconocimiento oficial.
La tragedia de las familias afectadas se hace más evidente ante la indiferencia gubernamental, como en el caso de las Madres Buscadoras de Sonora. Estas mujeres valientes, lideradas por Ceci Flores, representan la enorme deuda que el gobierno tiene con las víctimas. La imagen de Ceci Flores, vistiéndose de beisbolista para ser recibida en Palacio Nacional, es un claro símbolo de una sociedad obligada a medidas extremas para ser escuchada por un gobierno indiferente a sus necesidades.
Estas madres, cuyo único objetivo es encontrar a sus seres queridos, se enfrentan a un gobierno que les cierra las puertas y les niega la esperanza. El presidente y su administración parecen no entender que la crisis de las personas desaparecidas no es una cuestión de popularidad. Es un reflejo devastador de la falta de gobernabilidad y de una estrategia de seguridad fallida que ha permitido que este problema escale a niveles sin precedentes. Pretender ajustar las cifras y maquillar la realidad es un insulto a las familias afectadas, una muestra de una negligencia que se acerca a lo criminal.
De acuerdo con la organización no gubernamental, Data Cívica, 10 mil 953 personas fueron borradas de los registros nacionales de desaparecidos. Este hallazgo, resultado de comparar las bases de datos de 2023 con la versión más actualizada, expone una política de olvido y negación.
Este sexenio se perfila ya como el que ha visto el mayor número de desapariciones en la historia de nuestro país. Frente a esta realidad, el gobierno debe reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la desesperanza se instale en el corazón de miles de familias que buscan incansablemente a sus seres queridos.
Es necesario mantener viva la memoria de los desaparecidos y exigir acciones concretas y transparentes para su búsqueda y localización. Las cifras no deben ser manipuladas para conveniencia política; pues son un recordatorio constante de las vidas que estamos obligados a buscar y la justicia que debemos perseguir sin descanso.
Itzel Arellano Cruces
Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados