En nuestro país existe un órgano encargado de investigar la existencia de hechos delictivos cometidos en agravio general. Este órgano es el Ministerio Publico, su objetivo principal en todo momento es el esclarecimiento de los hechos.
Con esto me refiero a que debe descubrir qué fue lo que pasó, realizando una investigación apropiada, antes de encumbrar la creencia cotidiana de privar de la libertad a las personas por cualquier razón.
Es muy común que ante todo acto que aparente ser delito se condene de manera social a quien participa en él, pues basta con un señalamiento mediático para propiciar graves violaciones a los derechos humanos de quienes son investigados.
Lejos ha quedado ya la reforma del 18 de junio del año 2008 que estableció en nuestra Constitución Política un sistema penal del corte acusatorio, dando con esto un cambio completo en la práctica de prevenir e investigar delitos.
La mencionada reforma transformó de manera radical al ministerio público y dejó de ser todo en una sola autoridad, pues no solamente realizaba funciones de investigar, si no también de acusar y juzgar, situación que poco garantizaba una verdadera administración e impartición de justicia debido a la inexistencia de contrapesos, pues trabajaba de manera parcial y poco objetiva ante el hecho investigado, incluso llegando a ser reiterativa la figura del llamado “chivo expiatorio” para hacer culpable de algo a otro con independencia de su inocencia.
No se puede dejar a un lado que la manera de investigar también tuvo que cambiar, se dejó de buscar una verdad histórica absoluta y se comenzó a centrar la atención en una verdad que tuviera que ser probada forzosamente por aquel que acusa, y ese precisamente es el principio que da vida al actual procedimiento que tenemos, quien acusa está obligado a probar.
La falta de pruebas adecuadas en un juicio implica necesariamente una incorrecta investigación y esto puede traer como consecuencia malas experiencias a los principales operadores del procedimiento como son la víctima y el imputado, son ellos quienes esperan la justicia tan anhelada, por el contrario, quedan con un mal sabor de boca por el actuar de una institución que tiene la obligación de velar por ellos sin cumplir su cometido.
Tengamos presente también que un juzgador espera que las pruebas lo convenzan sobre la existencia o no del delito, pero nunca se podrá determinar qué fue exactamente lo que paso cuando se investiga un hecho por ser imposible. La verdad puede llegar siempre y cuando el denominado tridente de investigación compuesto por la policía, peritos y el ministerio publico realicen un trabajo correcto, pero actualmente son evidentes las constantes carencias en su accionar debido a varios factores, entre los más comunes están la falta de capacitación, herramientas, empatía y también la presencia de corrupción. Investigar significa buscar para descubrir algo, pero antes que nada se necesita tener voluntad de comenzar a hacerlo, el resultado de México en descubrir el hecho que se investiga como delito se denomina impunidad.
Una práctica muy común entre los ministerios públicos de nuestro país y que repercute en la confianza de las personas que han sido probablemente víctimas de un hecho delictivo, como ya se mencionó anteriormente, es archivar las investigaciones. Ahora bien, es cierto que la ley reguladora del procedimiento penal actualmente lo permite, esta figura que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales da la opción a los agentes para que después de haber realizado una primera fase indagatoria ya no investiguen más, y esto porque no hay a su criterio indicios suficientes contra alguien, justificando entonces que no participó o cometió el delito y esto nos parece correcto, al final si alguien no hizo algo indebido no debe sancionarse.
No obstante, la gran mayoría de las miles de carpetas de investigación que se inician y que contienen lo que podemos considerar un material probatorio no se integran debidamente, las fiscalías deciden archivar sin investigar, guardar en un cajón la dignidad de quienes confían en ellos sin realizar un trabajo leal, objetivo y apegado a la protección de las personas como lo establece la Constitución, lo anterior se dice con un conocimiento de causa practico en la profesión y por lo tanto, se sabe bien que las diligencias que coordinan hoy en día se sostienen con el ejercicio rutinario y limitante de girar oficios a dependencias públicas y privadas en esperar de una respuesta en los escritorios por cada uno de ellos, así mismo, la manera en que esperan esclarecer un hecho, sancionar al culpable y reparar el daño es pedir información a través de papeleo burocrático y nunca mediante un razonamiento lógico y estrictamente procurador de derechos humanos.
En conclusión, ningún sistema penal en el mundo es perfecto, desde el punto de vista de la operatividad se logró demostrar que México necesitaba un cambio urgente en la administración y procuración de justicia en materia penal, inicialmente se respondió adecuadamente, pero a dieciséis años después nos encontramos estancados debido a que no se ha evolucionado en la manera de investigar a pesar de los cambios persistentes en el contexto social, un ejemplo es el análisis que publica el World Justice Project México, organización internacional que de manera seria y anual analiza el estado de derecho en múltiples países y en 2023 los índices en cuanto a calidad de investigación no fueron los mejores. Hay serias deficiencias en la necesidad de investigar con perspectiva de género, tenemos carencias con respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como los sectores más vulnerables, pero sobre todo mostramos a quienes debemos proteger desinterés en querer hacer las cosas de manera correcta.
Por Iván Javier Lozano Guevara*
*Presidente de la BMA, Capitulo Veracruz
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