Han transcurrido 20 días del inicio de las campañas y quedan 70 más. En general, el proceso electoral ha transcurrido en circunstancias diferentes a los anteriores y están activos fenómenos que contravienen la integridad de la elección y su carácter plenamente democrático. Lo urgente es evitar que estas situaciones se vuelvan una costumbre y se normalicen.
Para empezar, la Sala Superior del Tribunal Electoral, sus salas regionales y muchos de los tribunales electorales locales están incompletos, debido a la deliberada omisión del Senado de la República de hacer los nombramientos correspondientes. Pensar que de cualquier manera las cosas saldrán bien es un error e implica creer que la eficiencia no importa. No debemos acostumbrarnos a la ausencia de dos magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
En segundo lugar, la sistemática intromisión de funcionarios públicos en asuntos electorales, en sus discursos, manifestaciones públicas y la mañanera ha motivado al menos 35 acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que emiten medidas cautelares para ordenar al Presidente de la República no intervenir en el proceso electoral.
Recientemente el Presidente señaló que existe una estrategia de partidos y del Poder Judicial para sabotear la elección, invalidar los resultados y generar un golpe de Estado técnico. Ese tipo de declaraciones descalifica de suyo a las autoridades electorales y genera la percepción equivocada de que se fragua un fraude electoral. No debemos acostumbrarnos a que, sin fundamento, esa sea la tónica del discurso oficial.
En tercer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un segundo informe “sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”. Más allá de la falta de facultades de la CNDH para pronunciarse sobre asuntos electorales, se trata de un órgano del Estado mexicano que opina y califica los mensajes que emiten las tres candidaturas presidenciales.
Un ejemplo: la CNDH considera que la propuesta de Claudia Sheinbaum de buscar la coordinación de instituciones responsables de la seguridad “resulta progresivo desde el punto de vista en el que se pueden replicar acciones de prevención…”. En el caso de Xóchitl Gálvez, la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad “no representa una solución a las problemáticas observadas por la política criminal del Estado, pues favorece un enfoque punitivo…”.
Se trata de declaraciones que le corresponde analizar a los electores para definir su voto y no a un organismo del Estado que, finalmente orienta las preferencias de los electores. En este caso, no sólo debemos evitar acostumbrarnos a estas violaciones a la ley y a la Constitución, estas acciones deberían ser denunciadas ante el INE y las autoridades correspondientes. Lo que está en riesgo es la integridad y la calidad de la elección. En su momento los tribunales deberán manifestarse.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Profesor Investigador Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tec. de Monterrey
@ArturoSanchezG
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