Para México ya llegó el Día Cero con la inminente y grave crisis del agua que hoy afecta, al menos, a un tercio de la población del planeta. Nuestro país está ubicado en el cuarto lugar mundial en el rango de estrés hídrico alto, una condición en la que el agua que se consume empieza a ser mayor que al agua disponible, en niveles preocupantes.
La falta de agua que se dio en 2022 en la Zona Metropolitana de Monterrey o los bajos niveles de la Presa La Boquilla en Chihuahua, son los avisos de una crisis que, como otras, ha tomado por asalto al país en el peor momento.
Hace más de una década, en febrero de 2012, se publicó una reforma al artículo 4 constitucional para establecer el derecho al agua. A raíz de la reforma, se obligó al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Aguas en 365 días. El 23 de mayo de 2022 se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que se obligaba al Congreso a expedir la Ley en el próximo período ordinario de sesiones.
A finales de 2023, el Senado tenía ya listo el dictamen de una nueva Ley, después de la realización de dos parlamentos abiertos, uno en enero 14 y otro en abril 26 de ese año. No obstante, el dictamen es ahora rehén de percepciones ideológicas y de las ineficaces políticas gubernamentales en materia de agua. La destructiva austeridad republicana, se ha extendido a todas las áreas de política pública, incluyendo el manejo, tratamiento y almacenamiento de agua.
Cerca de la mitad del agua disponible se pierde en fugas, sin que se den inversiones en mantenimiento preventivo y correctivo. Si tan solo se invirtiera en reparación de fugas, podría hacerse frente a las consecuencias del estrés hídrico al menos en el corto plazo. No hay nuevas obras de infraestructura hídrica ni esfuerzos coordinados para generar una nueva cultura del agua.
La reforma presidencial presentada el pasado 5 de febrero paralizó por completo el proceso legislativo para aprobar una nueva Ley General en el Senado. El agua es un problema de seguridad nacional que el gobierno no quiere aceptar.
En lugar de tomar acciones urgentes, propone reformas insensatas y peligrosas. La reforma presidencial del 5 de febrero le daría al Estado amplias facultades en materia de concesiones para su uso y aprovechamiento, en un intento concentrador del poder, que podría tener efectos devastadores, en un esquema federalista que demanda la actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno.
Varios legisladores de Morena han expresado su postura respecto a la crisis del agua, que coincide con la expresada por el presidente: el agua no se privatiza y las concesiones actuales deben anularse en dos años para que éstas puedan asignarse discrecionalmente.
La nueva Ley General de Aguas sigue detenida en el Senado, sin posibilidad alguna de aprobación, dejando en falta, una vez más, al Congreso de la Unión, mientras que las actividades vinculadas al agua languidecen: los campos amanecen sedientos, los animales padecen la falta del vital líquido y muchas actividades humanas se paralizan ante la indiferencia y la inacción gubernamentales.
Más grave aún es el considerable subejercicio detectado en la Comisión Nacional del Agua; al menos la mitad del presupuesto para Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos no se ejerció el año pasado y no se utilizaron cerca de 1,500 millones de pesos del Programa de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Mientras esto sucede, el robo de agua se ha multiplicado por seis en este gobierno, con más de 7 mil tomas clandestinas, que emulan el negocio del huachicoleo, ante la omisión culpable o la complicidad criminal de las propias autoridades.
El caso de la ciudad de México es paradigmático y debería alertarnos sobre la inminencia de una crisis de proporciones titánicas: en agosto de este año llegará el Día Cero para el Sistema Cutzamala, provocándose un colapso fatal y el fin de las operaciones. Millones de personas podrían enfrentar una realidad apocalíptica que paralizaría la vida cotidiana, de cara a un gobierno que se obstina en dejar el problema a la próxima administración.
Gane quien gane en junio, heredará un país destruido y devastado, obras inservibles, infraestructura que se colapsa, arcas públicas saqueadas, un territorio controlado en partes por grupos criminales y una sequía que extenderá su sombra sobre varias partes del territorio, causando devastación y muerte en los campos, crisis y desesperación en las ciudades. Para nosotros ya no hay alternativa, si no se actúa a tiempo una nueva guerra estará a la vuelta de la esquina: la lucha sin cuartel por el agua.
POR GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA POR BAJA CALIFORNIA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE
@GINACRUZBC
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