En un mundo ideal, el cuidado —esa actividad esencial que sostiene la vida misma— debería ser una responsabilidad compartida, reconocida, y dignificada por la sociedad en su conjunto. En México, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un dictamen que reconoce el cuidado en todas sus formas, y que busca brindarlo en condiciones de dignidad, calidad, e igualdad, marca un hito en nuestra lucha por una sociedad más justa.
Sin embargo, este es solo el primer paso hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados que no solo reconozca y proteja a quienes brindan cuidados, sino que también sirva como un mecanismo preventivo frente a formas de violencia que, de manera desproporcionada, afectan a las mujeres en nuestro país.
En el marco del día internacional de la mujer, la creación de un sistema público de cuidados va más allá de una medida de política social; es una estrategia de empoderamiento económico y una barrera contra la violencia. Las estadísticas nos muestran una realidad incómoda: las mujeres, principales proveedoras de cuidado no remunerado, enfrentan no solo una carga desproporcionada sino también vulnerabilidades que las exponen a la violencia económica.
Esta forma de violencia, que limita el acceso de las mujeres a recursos económicos y oportunidades de desarrollo, es una cadena que perpetúa su dependencia y debilita su autonomía.
La aprobación de este dictamen promueve la equidad de género a través de un sistema que valore y compense el cuidado, reconociendo una labor históricamente invisibilizada y combatiendo activamente las raíces de la violencia económica.
Un sistema bien estructurado y financiado puede proporcionar servicios de cuidado accesibles y de calidad para niños, personas mayores, y aquellos con discapacidades o enfermedades, liberando así a las mujeres para que puedan participar plenamente en la vida económica, política y social del país.
Más aún, al profesionalizar y dignificar el sector del cuidado, se crean oportunidades laborales, promoviendo la independencia económica de quienes las llevan a cabo.
Esta autonomía es clave para que las mujeres puedan tomar decisiones libres sobre sus vidas y, en caso necesario, alejarse de situaciones de violencia doméstica o de pareja.
La aprobación del dictamen por la Cámara de Diputados es, sin duda, un avance significativo. No obstante, su trascendencia será medida por nuestra capacidad colectiva para implementar un sistema que verdaderamente atienda a las necesidades de nuestra sociedad en su diversidad.
Estaremos pendientes de la discusión en el Senado de la República, con la esperanza de que México se encamine hacia un futuro donde se implemente un Sistema Nacional de Cuidados y se reconozca el cuidado como un pilar fundamental de nuestra sociedad que merece ser valorado y protegido. Comprendiendo que en él, radica una poderosa herramienta para combatir la violencia y construir una sociedad más equitativa.
Por ello, más allá de las leyes, se requiere de un compromiso sólido de todos los sectores de la sociedad para hacer de México un país que cuida a quienes cuidan, y que protege a sus ciudadanos en todas las etapas de su vida.
POR ITZEL ARELLANO CRUCES
Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados
MAAZ