Este 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles de las principales ciudades del país para denunciar que lamentablemente ser mujer en México es un riesgo latente y que aún persisten múltiples injusticias sociales, ante un estado que refrendó su insensibilidad y desprecio.
En los últimos seis años se han cometido 16,570 homicidios dolosos contra mujeres y 5,556 casos de feminicidio, según la Red Nacional de Refugios (RNR). De acuerdo a la CEPAL, México ocupa el segundo lugar en feminicidios en América Latina. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 evidencia que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres no están seguras en sus casas por las violencias machistas que viven, siendo necesario contar con un lugar seguro.
Ante la ola de violencias que enfrentamos en 2023 la RNR acompañó a 20,284 mujeres, niñas y niños. El 82% de las mujeres usuarias reportaron violencia física, 88% psicológica y 48% sexual, mientras que el 85% de sus hijas e hijos fueron víctimas de violencia física, 95% psicológica, 76% económica, 52% patrimonial.
Pese al gran trabajo que se realiza en los refugios para salvaguardar las vidas de las mujeres en situación de violencia extrema, estos mecanismos han tenido que disminuir la atención que prestan debido al estancamiento y disminución de los recursos que le son asignados, y a la tardía ministración de los mismos.
De 2022 a 2024 el presupuesto asignado a los refugios se ha estancado, es decir, no se ha garantizado su principal función para prevenir feminicidios y restituir derechos, ni se ha fortalecido en el personal la capacitación en temas de salud o legales. El presupuesto debe ser progresivo, no regresivo, y el Estado está faltando a cumplir con la obligación constitucional de garantizarlo.
En lo que va de este sexenio, hemos sido testigos del desdén presidencial frente a la violencia contra las mujeres. El actual gobierno ha desconocido la atroz violencia que se ejerce contra las mujeres, ha minimizado su llamada de auxilio y hecho caso omiso a sus muertes, negándoles el derecho a la justicia. Lejos de ser un apoyo para las mujeres, se ha convertido en su enemigo, en su detractor.
Las y los legisladores de Acción Nacional condenamos al gobierno actual por no salvaguardar los derechos y libertades de las mujeres. La política de austeridad que se dice llevar asigna grandes cantidades de dinero a megaproyectos dejando cantidades insuficientes a los programas encaminados a garantizar los derechos de las personas.
Es evidente que el gobierno federal ha sido insensible para preservar la vida de las mujeres víctimas y de sus hijas e hijos, ha sido un gobierno omiso para atender los problemas que afectan a las mujeres y para apoyar el efectivo ejercicio de sus derechos, si realmente hubiera compromiso se estarían financiando aquellos programas que tienen impacto en la vida de las mujeres.
A lo largo de su historia el PAN ha impulsado que lo regulado en la ley realmente sirva como garantía para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, y no ha titubeado en promover e impulsar políticas públicas con enfoque de igualdad e inclusión.
Nuestro trabajo parlamentario está demostrando a la actual administración y a la mayoría en el Congreso, que sí hay de otra para trabajar en favor de las mujeres porque la discriminación existente contra ellas en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable.
Las y los diputados de Acción Nacional que conformamos la LXV Legislatura, hemos asumido el importante objetivo de impulsar reformas a nuestro orden jurídico que den certezas a las mujeres mexicanas en el ejercicio de sus derechos.
Propuestas que pugnan por la tan necesaria igualdad salarial entre mujeres y hombres; iniciativas que promueven más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres emprendedoras a través de más financiamiento, mejor capacitación y la promoción de estímulos fiscales; así como iniciativas que buscan reforzar los mecanismos jurídicos que aseguren a las mujeres su acceso efectivo a la justicia, y que les permitan prevenir, atender y sancionar la violencia que se ejerce contra ellas.
En esta LXV Legislatura hemos defendido presupuestos y políticas públicas que fueron evaluadas por el Coneval como muy relevantes para la igualdad de oportunidades, el avance y empoderamiento de las mujeres, como el programa de Estancias Infantiles y el fortalecimiento de la Red Nacional de Refugios, fortalecer las acciones de prevención de la salud, entre otros.
Las y los legisladores de Acción Nacional reconocemos que la deuda que la sociedad mexicana tiene con las mujeres es histórica y profunda. Por ello, seguiremos trabajando para lograr más por ellas y para ellas, para proteger su vida y dignidad, para que tengan un mejor presente y un prometedor futuro.
POR JORGE ROMERO HERRERA
Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo
@JorgeRoHe
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