Aún no había sido superado el control de daños por el caso de la puerta de Palacio Nacional derribada el 6 de marzo por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero que buscaban ser escuchados por el presidente de la República y conocer los avances de la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, cuando un nuevo episodio se sumó a la lista de incidentes que involucran a estudiantes de dicho plantel.
Se trata del asesinato de un alumno de la misma escuela por parte de la Policía Estatal de Guerrero, registrado la noche del pasado 7 de marzo en un “retén policial” ubicado a la salida a Tixtla, cuando supuestamente el estudiante Yanqui Khonan Gómez Peralta no acató la instrucción de detener la camioneta Nissan NP300 en la que viajaba con otros dos compañeros luego de pasar por un Arco REPUVE y en cambio “agredió” a la autoridad con un arma de fuego, recibiendo un disparo en la cabeza, el cual le causó la muerte.
Lo raro de este suceso fue que las autoridades guerrerenses, salvo las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno que emitieron un escueto comunicado en el que enfatizaban que se trató de un hecho “netamente delictivo”, nadie más se pronunció al respecto, mucho menos la gobernadora, quien muy probablemente recibió la instrucción de no hablar para no cometer algún error que la pusiera contra las cuerdas.
Quien sí se pronunció al día siguiente fue el titular del ejecutivo federal durante su conferencia “mañanera” para tratar de evitar que ambos sucesos (puerta de Palacio Nacional y homicidio de estudiante de Ayotzinapa) se vincularan, pero obviamente no podrán disociarse, con mayor razón si el propio presidente de la República trató de sacudirse este “bulto” en las postrimerías de su mandato.
Dicho incidente hizo trastabillar a López Obrador, quien había pedido respetuosamente a la Fiscalía General República que no investigara el incidente de la puerta derribada ya que eso catalizaría los reclamos en su contra y no le quedó otra que solicitar al Fiscal General que atrajera el caso del estudiante asesinado.
No obstante estos intentos por deslindar a las autoridades guerrerenses y su propia administración, la mañana del lunes 11 de marzo, el propio presidente de la República informó que el estudiante que resultó muerto no disparó como reportaron las autoridades locales en un principio, es decir se trató de una “ejecución extrajudicial” por parte de un gobierno que dijo desde un principio que no iba a reprimir ni criminalizar a los jóvenes. Agregó que el expediente ya está en manos de la FGR y que “no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer defender a los responsables”.
Dicha postura solo viene a confirmar que los sacrificados serán los policías que le marcaron el alto y dispararon a Gómez Peralta y algún mando medio de la corporación y eventualmente un mando superior de la dependencia, pero el titular de la SSP y la gobernadora no abandonarán sus cargos, como ya comienzan a exigirlo los estudiantes de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Por si algo faltaba, ayer mismo el propio presidente de la República informó que el policía estatal que presuntamente disparó en contra del alumno asesinado se fugó mientras esperaba ser puesto a disposición de la FGR, mientras que los dos investigadores del caso fueron secuestrados en Chilpancingo.
Sirve de antecedente el caso del comisionado del Instituto Nacional de Migración, por cuya omisión resultaron muertos 40 migrantes en Ciudad Juárez y no solo no se le sancionó, sino que ni siquiera fue separado de su cargo; pero no fueran los colaboradores de su villano favorito Felipe Calderón que hasta la cárcel les quedaría corta.
Qué diferente se ven los toros desde dentro del ruedo y no detrás de la barrera como en aquel 12 de diciembre de 2011 cuando quienes hoy gobiernan la entidad guerrerense y el país en general, descargaron toda su furia en contra de la Policía Federal acusándola de haber asesinado a 2 estudiantes de Ayotzinapa, siendo que los responsables fueron elementos de la Policía Ministerial. Tan fueron responsables las autoridades locales que al día siguiente fueron destituidos el Procurador General de Justicia, un Subsecretario de Seguridad Pública y el propio Secretario de Seguridad Pública, no así el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se mantuvo en el poder hasta que la desaparición de los 43 estudiantes de la misma Normal, el 26 de septiembre de 2014, lo obligó a pedir licencia, víctima de la misma estrategia de reclamo y presión de quienes hoy son autoridad.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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