El sector agrícola nacional se encuentra frente a un desafío que podría modificar su eficacia, seguridad y futuro: La prohibición del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado para el control de la denominada “mala hierba” que afecta la productividad de los cultivos, y que podría entrar en vigor el próximo 1 de abril generando un fuerte golpe económico contundente a nuestros productores.
Recientemente, varios diputados solicitaron a través de un Punto de Acuerdo que el plazo para la prohibición se extienda a fin de dar la oportunidad al sector primario de una transición más gradual hacia otras alternativas al glifosato, pues, además del impacto económico aún no existe suficiente evidencia científica sobre daños a la salud por su uso.
El uso de este agroquímico se ha realizado desde hace décadas, incluso algunos países europeos han optado por su regulación basada en evidencia científica, en lugar de una prohibición total. Esto se debe, en parte, a estudios que no han logrado establecer un vínculo definitivo entre el glifosato y efectos adversos graves para la salud, en el contexto de su uso adecuado y regulado.
Además de los legisladores, organizaciones de productores e incluso el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han señalado que prohibir el glifosato sin establecer un período de transición adecuado ni alternativas viables tendría efectos devastadores en la producción nacional, y por ende en la capacidad para que nuestro país pueda garantizar el abasto de alimentos a la población, además de dañar la competitividad del sector a nivel internacional y los precios internos de alimentos.
La discusión debe centrarse en un enfoque equilibrado que considere tanto la ciencia como las necesidades económicas y ambientales, de ahí que la petición de los diputados representa una oportunidad para que tanto el gobierno federal en funciones, como las candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como el candidato Jorge Álvarez Maynez, incluyan en sus plataformas y propuestas una reevaluación y análisis de este tema en a la luz de la evidencia científica disponible y considerar prácticas de manejo integrado que puedan minimizar los riesgos ambientales y para la salud.
El camino hacia una agricultura sostenible y eficiente en México involucra la adopción de tecnologías y prácticas que aseguren la productividad, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, por eso, el debate sobre el glifosato debe abordarse desde una óptica informada y flexible que permita al sector primario mexicano seguir creciendo a través de soluciones prácticas, que garanticen la viabilidad económica del campo, pues así podremos asegurar un futuro responsable con el medio ambiente y la salud pública.
POR MARIANA OTERO BRIZ
COLABORADORA
@BRIZCOCHO
PAL