La Iniciativa del Ejecutivo Federal sobre “Simplificación Orgánica” que se propuso el pasado lunes, elimina de un plumazo aproximadamente 500 renglones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de aprobarse, el año 2024 sería el último 5 de febrero que habremos celebrado una Constitución mexicana garante de derechos ciudadanos dotados de instituciones para su defensa.
La Iniciativa desde la Exposición de motivos comete desafortunadas afirmaciones, como si se hubiera escrito precipitadamente; lo anterior se matiza con el imparable objetivo de mostrar un vínculo directo entre la privatización de ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, CONASUPO, Teléfonos de México, Mexicana de Aviación y otros, con la creación de diversos organismos constitucionalmente autónomos entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que, por cierto, garantiza dos derechos humanos y surgió de la exigencia ciudadana, aunque de eso no se muestra la relevancia en el documento.
Lo anterior se propone asumiendo que el neoliberalismo creó instituciones de defensa de derechos humanos con la intención de pulverizar la Administración Pública Federal limitando la capacidad del Estado para diagnosticar problemáticas sociales y planear sus soluciones. Un vínculo causal exagerado y en muchos sentidos sin evidencia, más allá del supuesto compromiso del expresidente Vicente Fox con algunos organismos internacionales para fragmentar al Estado mexicano.
Otro elemento que llama la atención, que además parece fortalecer el argumento de la necesidad de brindar más recursos a los organismos constitucionalmente autónomos en lugar de su objetivo contrario, es que la COFECE, el IFT, el INAI, la CNH, la CRE, el CONEVAL y el MEJOREDU han gastado, en conjunto y durante siete años la cantidad de $32 mil millones de pesos que, en realidad, es un ejercicio del gasto programado, auditado y bien ejercido, porque si consideramos que el Tren Maya se calcula gastará $500 mil millones de pesos y que se ha gastado por la cancelación del aeropuerto de Texcoco $113 mil millones de pesos, no es ni siquiera equiparable el argumento.
En este sentido, vale la pena decir que la garantía de derechos humanos está infravalorada, porque con recursos limitados se hace mucho por proteger y garantizar los derechos humanos que se encuentran tutelados por estas instituciones que pretenden desaparecer; además este debería ser un argumento mejor sustentado porque si otras instituciones absorberán estos organismos constitucionales autónomos ¿pretenderán dejar de programar esos montos para defender los derechos a los que se han comprometido? Podría pensarse que no, por lo que en realidad lo que busca esta iniciativa es limitar los contrapesos constitucionales y no “ahorrar” en proteger derechos.
Para el caso del INAI, no puedo dejar de señalar que el Ejecutivo se equivoca nuevamente al referirse al INAI, como aquel que prometió que garantizaría mayor transparencia en el gasto público y abriría al escrutinio ciudadano los actos de gobierno, pero en la práctica ha sido una institución onerosa, con una estructura burocrática obsesa, que no ha garantizado el acceso a la información.
Como ya lo señalé, no somos una institución onerosa, como puede verse nuestro costo anual es de 1,000 millones de pesos lo que representa 0.01 por ciento del gasto total del gobierno, es decir, el INAI cuesta a cada mexicana y mexicano 77 centavos al mes.
No tenemos una estructura burocrática obesa, porque esta Institución brinda servicios a todo el país únicamente con 800 personas servidoras públicas en un solo edificio de cuatro pisos y una planta baja.
A diferencia de lo que se indica, el INAI ha cumplido con garantizar la transparencia de millones de mexicanos y mexicanas, al grado de que se han realizado millones de solicitudes de información, por ejemplo, sobre las vacunas COVID, violaciones a derechos humanos, el Tren Maya, o el AIFA y es el INAI quién obliga a las instituciones, incluyendo al Poder Ejecutivo, a dar esa información a las y los mexicanos.
Quiero cerrar señalando que esta Iniciativa de reforma constitucional no muestra que se busque un verdadero "control democrático", porque concediendo que pretende transitar hacía un periodo "posneoliberal", como lo plantea, no se observa a la ciudadanía por ningún lado.
Se olvida que la creación de nuestro Instituto ya incluía a la academia, a la sociedad civil, a las y los periodistas, y a la ciudadanía y quienes exigieron que la transparencia, el acceso a la información, y la protección de datos personales no dependieran del poder ejecutivo, porque, y hoy lo entendemos con justa razón, a través de la seguridad nacional y algunas otras causales, el mismo gobierno puede resguardar todo aquello que le parezca incómodo compartir al público como la infraestructura, Segalmex o los costos reales de los megaproyectos.
No podemos olvidar también el caso de la intervención de comunicaciones privadas, los organismos autónomos somos incomodos porque es el mismo gobierno quien puede violar la privacidad para resguardar sin consentimiento de las personas titulares sus datos personales y personales sensibles, por ejemplo, de periodistas o personas defensoras de derechos humanos en contra del régimen.
La realidad es que esta iniciativa apunta más a un Estado autocrático y centralizado que desvalora el esfuerzo que han enfrentado los colectivos y las personas defensoras de derechos humanos para participar en las decisiones del Estado. Ésta es una reforma que no solo no beneficia a la ciudadanía, sino que la borra del papel protagónico que ha logrado con profundo esfuerzo a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa debe preocuparnos a todas y todos quienes defendemos libertades históricas conquistadas por la sociedad.
POR ADRIÁN ALCALÁ
Presidente del INAI
@AdrianAlcala75
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