Con el inicio del mes de febrero, arranca el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Muchos de los problemas que enfrenta nuestro país se han agravado, los rezagos estructurales no se han corregido y se han generado nuevos riesgos que pasan desapercibidos para el gobierno.
Lejos de llamar a un trabajo colaborativo en un contexto democrático e incluyente, el Ejecutivo presenta un conjunto de iniciativas de manera unilateral, sorda y con una agenda electorera muy alejada de una visión de estado.
Llegamos al último periodo de sesiones de una legislatura caracterizada por la falta de diálogo y de consensos. La división de poderes ha representado un desequilibrio en lo fundamental: los pesos y contrapesos sólo se observan desde la perspectiva del Ejecutivo, que ha optado por la imposición de sus propuestas ante el Legislativo, prohibiendo a sus diputados el cambio hasta de una sola coma a sus proyectos, y por su sistemático golpeteo al Poder Judicial y los Órganos Constitucionalmente Autónomos.
La relación entre los poderes se ha reducido a los intentos de intervención y sumisión del Ejecutivo a sus contrapartes. Lo anterior ha dado por resultado que el país no haya avanzado en temas de la máxima prioridad como la reducción de la desigualdad, la intervención del Estado frente a la desmedida violencia y crecimiento del crimen organizado, la búsqueda de la paz pública, la eficacia de las políticas públicas en materia de salud, educación, medio ambiente, innovación, entre otras.
Hoy México vive severas crisis en distintos frentes; la sociedad se encuentra desamparada ante la negligencia e inoperancia gubernamentales. Lejos de tomar cartas en los asuntos, la mayoría oficialista en el Congreso ha llevado la función legislativa a funciones formales y sin importancia: las sesiones ordinarias y de los periodos de receso no atienden los temas de mayor interés para la población.
El debate parlamentario ha sido cooptado y la tribuna ha dejado de ser un instrumento para la deliberación y el intercambio de ideas y pronunciamientos sobre la agenda del país para convertirse en un espacio de diatribas y provocaciones por parte de la mayoría.
Los problemas sociales se agudizan. La inseguridad, la violencia contra las mujeres, la carencia de bienes y servicios como el agua, las medicinas, los servicios de salud en general, la falta de educación de calidad, el desempleo, están ahí, presentes, sin tener soluciones por parte del gobierno.
Las diputadas y los diputados del PAN asumimos nuestra responsabilidad con el bien común y estaremos presentando propuestas y alternativas de solución a los problemas de la sociedad, de las familias, de las personas, hasta el último minuto de esta Legislatura.
Impulsaremos propuestas en materia de seguridad familiar y protección social, seguridad pública y política interior, como los grandes ejes que darán cimiento a nuestro trabajo legislativo. A continuación enumeramos algunos de los puntos más relevantes de nuestra agenda de trabajo para este periodo:
Seguridad familiar y protección social.
Garantizar el derecho humano al agua.
Impulsar pensiones dignas y con viabilidad financiera, sustentables en el largo plazo.
Refugios y apoyos para mujeres víctimas de violencia y garantizar recursos a los centros de justicia para las mujeres.
Reinstalación de estancias infantiles.
Establecimiento de escuelas de tiempo completo, elevando los estándares educativos y de atención a la niñez mexicana.
Ante el desastre en materia de salud pública, el restablecimiento del seguro popular para la atención de padecimientos graves y que generan gastos imposibles de afrontar por las familias del país.
Seguro de desempleo, apoyo viable y eficaz, acompañado de gestiones para la contratación de los trabajadores en desempleo.
Crédito para la vivienda. Gestionar el acceso a opciones de financiamiento accesibles y flexibles para obtener una vivienda digna.
Seguridad y Justicia
Garantizar seguridad social, apoyos y prestaciones para todas las policías del país y sus familias.
Desarrollo y distribución de funciones de inteligencia y de policía de investigación tanto para la prevención como para la investigación de los delitos. Robustecer capacidades y habilitar facultades para la investigación de delitos del crimen organizado, como la extorsión y el cobro de derecho de piso, que hasta la fecha la autoridad federal rehúsa investigar.
Transversalizar las tareas de prevención del delito y de intervención.
Política Interior.
Nulidad de elecciones por injerencia de la delincuencia organizada en precampañas y campañas electorales. Regulación de encuestas para que dejen de ser instrumento de manipulación como ocurrió en la elección del Estado de México y otros procesos comiciales.
El compromiso de Acción Nacional en la Cámara de Diputados es con la sociedad. Trabajaremos de manera incansable y debatiremos en favor del bien común, legislaremos lo que quiere la gente no el presidente.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN Y PDTE. DE JUCOPO
@JORGEROHE
MAAZ